Comisión de Constitución del Senado aprueba proyecto para reemplazar Ley Antiterrorista y gobierno valora “seriedad” del trabajo de la instancia

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta aprobó esta tarde el proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y que deroga la llamada Ley Antiterrorista.

En la sesión, que terminó cerca de las 20.20 de este martes, el debate se concentró en el proyecto que provenía de la comisión de Seguridad Pública y se votó un total de 42 indicaciones presentadas por diversos senadores.

Durante la tarde, por parte del Ejecutivo participó la ministra del Interior, Carolina Tohá, mientras que en la mañana lo hizo la asesora de la Subsecretaría del Interior, Ana Lya Uriarte, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. En la sesión de la tarde también estuvo presente el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Durante la mañana, se rechazó una indicación que planteaba que la asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como asociación terrorista.

Ya en la sesión de la tarde, tras la explicación de la ministra Tohá, la comisión aprobó mantener la figura del “terrorista individual”, también llamado “lobo solitario”, en el entendido que algunos atentados como el caso del envío de bombas a exautoridades fueron cometidas por personas que corresponden a esa figura.

Asimismo, se sumó una propuesta del Ejecutivo al artículo 9 de la ley, respecto de la posibilidad de que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento definitivo de quien revelare información de actividad terrorista. El texto del gobierno agrega que tal solicitud no podrá aplicarse en casos de delitos sensibles, incluyendo el homicidio, el femicidio, el secuestro, la violación y la sustracción de menores, entre otros.

Asimismo, de forma unánime la comisión acordó intercalar un nuevo artículo 10, que aumenta las penas en un grado a los empleados públicos que, en el desempeño de su cargo, cometan cualquiera de los delitos contemplados en esta ley.

En la sesión, se rechazó además eliminar el artículo 12 del proyecto, tal como lo solicitaba una indicación de los senadores comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez.

Este artículo, señala en uno de sus incisos que “el fiscal a cargo de la investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista podrá solicitar al juez de garantía autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías que simulen sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación”.

En el debate, la senadora Pascual indicó que el artículo en cuestión “hace referencia a una medida intrusiva en extremo”, ya que actúa “sobre un territorio determinado, no solo sobre una persona o aparato determinado”.

Sin embargo, fue aprobado por 4-1 (con el voto en contra de la parlamentaria PC), luego de que la ministra Tohá afirmara que el Ejecutivo ya había advertido tal problema y que se comprometía a “darle una redacción más fina más adelante”. “El Ejecutivo va a indicarlo y acotarlo, así como está tiene algunos riesgos”, destacó la titular del Interior.

También se aprobó -pendiente consulta a la Corte Suprema- agregar un nuevo artículo 17, que trata del cambio de jurisdicción, y que señala que “el Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de éstos fuere de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado”.

Tras la sesión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró el avance de la ley en el Senado, en el marco de estas sesiones especiales de comisiones solicitadas por los comités parlamentarios ante el triple homicidio de funcionarios de Carabineros registrados el viernes pasado en Cañete.

“Aquí se ha buscado combinar esa prontitud con un trabajo serio y concentrado y sin desenfocarse y dejarse llevar por la necesidad de dar golpes comunicacionales”, sostuvo la secretaria de Estado.

En declaraciones a la prensa, Tohá agregó que “ha habido muchos intentos en el pasado de tener una ley antiterrorista en forma, que funciones, que sea moderna, que sea adecuada a recoger las mejores experiencias internacionales y una y otra vez esos intentos se han visto frustrados porque no se han logrado acuerdos. Aquí ya llevamos dos comisiones que han aprobado este proyecto, esperamos que cuando llegue a la Sala suceda lo mismo y que tenga una tramitación positiva en la Cámara de Diputados”.

En este sentido, destacó que “habitualmente cuando se generan estos climas de tramitar rápidamente los proyectos se genera un ambiente muy crispado, a veces se pierden de vista detalles importantes en el contenido de la ley, y eso es problemático porque los momentos pasan, pero las leyes quedan para siempre”.

“Creo que aquí se ha hecho realmente un esfuerzo no solo porque salga rápido la tramitación, sino porque salga bien”, cerró Tohá.

Por su parte, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) valoró la aprobación del proyecto de ley que establece las conductas terroristas y su penalidad.

“Hemos sufrido mucho en estos últimos días, la muerte de los tres carabineros nos ha impactado profundamente, y creemos que no solo hay que lamentarlo, sino que tenemos la obligación de modernizar la legislación, de tener un instrumento que le de mayores capacidades al Estado para combatir el terrorismo. Eso es lo que se ha logrado durante todo el día en el trabajo de la comisión”, destacó.