Este lunes la presidenta de la Comisión para la Probidad e Integridad, María Jaraquemada entregó un balance sobre las primeras reuniones de la instancia, a 10 días de su primera sesión.
El organismo, que fue convocado por el gobierno después de que salieran a la luz los líos de platas que involucran al oficialismo, en específico, a militantes de Revolución Democrática, tiene un plazo de 45 días para entregar recomendaciones.
Jaraquemada informó que hasta el momento han escuchado a distintas instituciones del Estado y también a personas que han colaborado en otras oportunidades con el Estado “para entender de mejor modo cómo funciona el financiamiento de estas fundaciones y corporaciones cuando prestan servicios públicos, los sistemas de transferencia del Estado”.
También comentó que recibieron propuestas de representantes internacionales, como la División de Gobierno Digital y de Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes, “desde su experiencia internacional” entregaron recomendaciones para “tratar de preservar en primer lugar la autonomía, la independencia que tienen que tener estas fundaciones y corporaciones, que son claves en el desarrollo democrático, pero también para que haya más transparencia y rendición de cuentas cuando reciben recursos del Estado”.
La presidenta de la instancia dijo que durante esta jornada tendrán un encuentro con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett; con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y con el Consejo de Defensa del Estado. Además, señaló que se reunirán con distintas organizaciones de la sociedad civil, “que también nos han pedido colaborar en este proceso. Y hemos recibido alrededor de 40 propuestas de ciudadanía, de academia, distintas organizaciones que también vamos a estar considerando en este proceso”.
En relación a las propuestas que han sido entregadas a la Comisión para la Probidad e Integridad, Jaraquemada afirmó que están procesando las que les han llegado, y que muchas de ellas tienen que ver con cómo las organizaciones deberían actuar o transparentar el financiamiento que reciben, y también con “cómo el Estado pudiera actuar de mejor modo”.
“Por ejemplo, muchas veces lo que se nos ha señalado es que la rendición de cuentas depende de la entidad que otorga el financiamiento y, por lo tanto, hay distintos estándares, distintos formatos. Y lo que se trata de hacer es uniformar los formatos para que sea más sencillo de procesar la información y también que esa información se pueda transparentar ante la ciudadanía”, explicó.
Otro de los aspectos tiene que ver con que “muchas veces hay dispersión de institucionalidad, dispersión de normativas, dispersión de registros, y quizás podríamos tratar de pensar en tener un sistema (...) que converse de mejor modo”.
De acuerdo a la abogada, muchas veces dicha dispersión “dificulta no solo el trabajo de la sociedad civil, sino que también el control que pueda hacer Contraloría General de la República o incluso la Cámara de Diputados y Diputadas”.
“Por lo tanto, yo creo que se puede modernizar los procesos, se puede modernizar los registros y también es importante que mucha de la información que quizás se tiene desde el Estado se pueda poner a disposición de mejor manera para la ciudadanía y los medios de comunicación”, añadió.
A la vez que señaló que dentro de la Comisión están viendo “cómo funciona el sistema, y efectivamente hay mucha dispersión de normativa y hay distintos sistemas, por lo tanto puede ser que esto pudiera ocurrir en otras reparticiones”.
Sin embargo, Jaraquemada hizo el punto en que “también hay que dejar claro que no toda transferencia de recursos necesariamente implica que haya una defraudación. Pero sí el sistema presenta ciertas debilidades que podrían prestarse para que algunas personas o instituciones pudieran abusar de ello”.
