Quedan aproximadamente cinco meses para que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Fallo que, por cierto, ha generado tiras y aflojas puertas adentro en el gobierno, pero también entre el Ejecutivo y la oposición. Al mismo tiempo, la crisis ha puesto en el ojo de la polémica a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a quien se le ha apuntado su falta de muñeca política para destrabar el conflicto. Con eso como contexto, la tramitación de la ley que envió el Ejecutivo para viabilizar la sentencia está en la recta final en la Comisión de Salud del Senado, pues las autoridades planean que esté aprobada en abril.
Sin embargo, uno de los nudos que la instancia aún no puede destrabar es el numeral 13 de la iniciativa, el que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para proponer cómo pagar la deuda que mantiene con los afiliados, la cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Salud. Dicha devolución podría tomar, incluso, hasta 10 años.
En ese contexto, este lunes la Superintendencia de Salud le presentó a los senadores de la comisión un informe financiero con simulaciones de alza de precios base de cada isapre para lograr neutralizar el impacto de la aplicación de los fallos por tabla de factores y GES, las que podrían ir en un rango del 0,2% al 39,4%.
Esta posibilidad no convenció a los parlamentarios, pues durante la sesión de este martes estimaron que eran alzas muy grandes para los afiliados y que podrían provocar una vez más una judicialización masiva. De todas formas, el superintendente de Salud, Víctor Torres, aclaró sus cifras. “Proyectamos que debiese ser menor de lo que establecimos en el informe porque no están incluidos otros elementos que pueden reducir el alza como el adelanto de la adecuación del precio base de 2024, los valores de nuevos indicadores y la verificación personal. Con eso en marzo se generará un alza y eso se tiene que restar de la proyección que estamos haciendo”, explicó el regulador.
Como sea, si en un principio se impulsaba la idea de despachar el proyecto, lo cierto es que esto no ocurrió. El presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS), propuso que lo que resta de esta semana se ahonde en estos efectos financieros para finalmente la próxima despachar el proyecto. “Como método, sugiero lo siguiente: para efectos de este punto, los asesores parlamentarios deben interlocutar esta semana muy intensamente con los asesores representantes del Minsal y de la superintendencia con el objeto de buscar acercamiento. Además, hay mucho insumo, elementos de juicio y otras cosas que han estado en el debate durante los últimos dos meses que podrían ayudar para evitar el sacrificio de los usuarios. Y la próxima semana habría dos sesiones largas, lunes y martes, para que podamos despachar el proyecto”.
En consecuencia, los senadores acordaron reunirse el próximo lunes de 9:30 a 12:30 en Santiago y luego el martes en el mismo horario, pero en Valparaíso. “Cosa que el martes podamos despachar, hay que hacer ese esfuerzo”, concluyó Castro, aunque abrió la posibilidad, en caso de ser necesario, de una tercera sesión.
Otros pendientes
Otro de los aspectos del proyecto que se revisó este martes fue el fortalecimiento de Fonasa mediante una nueva modalidad, denominada de cobertura complementaria. Así, sus beneficiarios podrían contratar seguros privados voluntarios a través de una prima comunitaria adicional al 7% por beneficiario y las personas que coticen en el sistema público podrán acceder a un esquema de cobertura integrado por prestadores privados con copagos mínimos garantizados.
Sin embargo, entre los parlamentarios surgieron varias preguntas frente a cómo funcionaría esta modalidad.
“¿Cuál es la tarifa plana? Han salido diversas publicaciones que hablaban de $ 30 mil personas por persona, ahora hay quienes dicen que podría ser el doble. El factor precio tiene que tener límites y quisiera afinar eso: el precio y la cobertura”, afirmó el presidente de la comisión.
En ese contexto, el director de Fonasa, Camilo Cid, explicó que “esto requiere trabajo de números y hemos estimado que la prima comunitaria está dentro del rango que hemos sostenido, pero lo que aprobaríamos acá es que va a haber una licitación. Por lo tanto, nosotros tenemos una referencia que podríamos dar a conocer, pero se necesita de una licitación, donde consideraremos el precio y el rango de protección financiera”.
Por esta razón, también se decidió aplazar la votación de este punto para la próxima semana, cuando se espera que el presidente de Fonasa entregue precios referenciales.
Asimismo, con las nuevas indicaciones que el gobierno ingresó en noviembre a la ley corta de isapres, luego la Super de Salud fijó en cerca de US$ 1.180 millones la devolución que las aseguradoras tendrán que hacer a sus afiliados. Para eso, se estableció en la ley corta que las isapres deberán presentar al ente regulador un plan de pago de la deuda, el cual será revisado por un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud.
Sin embargo, en este punto, los parlamentarios tampoco llegaron a acuerdo y aún debaten si los integrantes deben ser propuestos por el Ejecutivo o asignados por Alta Dirección Pública.