Luego de que el 25 de octubre el Senado despachara las 14 observaciones o vetos que La Moneda envió el Congreso para enmendar la Ley de Usurpaciones, este martes fue el turno de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de analizar las correcciones propuestas por el Ejecutivo, que fueron expuestas por la ministra del Interior, Carolina Tohá.
En una votación que no es vinculante, la instancia en cuestión -predominada por diputados de oposición- realizó la discusión de los 14 vetos aplicados por La Moneda al proyecto aprobado por el Congreso que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
Luego de este proceso, las observaciones pasarán a ser discutidas por la Sala de la Cámara, donde el Ejecutivo espera un resultado exitoso al igual que en el Senado, para así despachar -por fin- el proyecto a ley de la República.
La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael anunció que en su reunión habitual sostenida durante el almuerzo, los legisladores acordaron por unanimidad rechazar el veto que debiera votarse este miércoles en la Sala de la Cámara Baja.
Los diputados de la comisión, en tanto, plantearon sus reparos con las correcciones, especialmente con la fórmula planteada por el gobierno respecto a las llamadas tomas “no violentas”, donde se propone que, en estos casos, quede a criterio del juez para resolver si aplicaba una multa o una pena presidio.
Además, los diputados cuestionaron la eliminación de la figura la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a un propietario recurrir a la fuerza propia para recuperar un inmueble tomado.
“El gobierno lo que ha hecho es hacerle una encerrona jurídica al Congreso Nacional, porque lo que está haciendo es lo siguiente: ‘usted me aprueba lo que le traigo o se queda sin ley’, eso es lo que está haciendo”, acusó el diputado RN Diego Schalper.
Mientras que la titular de Interior, en defensa de las observaciones, aseguró que el Ejecutivo presentó un veto “explícito para habilitar el accionar de las policías en todo momento”.
“Las personas que por necesidad social desarrollan una ocupación están cometiendo un delito, pueden ser detenidas y se les puede aplicar medidas precautorias y pueden exponerse a una pena de cárcel. Lo que pasa es que no está asegurada la pena de cárcel, vamos a dejar que el juez pueda juzgar, evaluar, si en ese caso es más prudente aplicar solo una pena de multa”, señaló la ministra sobre el punto que más diferencias suscita entre oficialismo y oposición.
Y agregó: “Idealmente no tengan que vivir en una situación de ocupación porque si lo hacen van a ser desalojadas de inmediato, van a poder ir a la cárcel, van a ser detenidas; estamos solamente generando la posibilidad de que el juez pueda evaluar que en esa caso quizás lo más prudente es no aplicar la cárcel, sobre todo si es primera vez, sobre todo si ese bien no había sido usurpado antes, sobre todo si ese bien lo restituyeron pacíficamente. Qué va a ganar Chile, qué va a ganar la política social, qué va a ganar la víctima con que esa familia vaya a la cárcel”.
El diputado y presidente de la instancia, Andrés Longton (RN), por su parte se sumó a los cuestionamientos de la oposición y afirmó “que las usurpaciones no violentas tendrán penas inferiores que los delitos de hurto”.
“Todo daño menor a $63.000 es una usurpación no violenta y tú tienes que probar el daño, contratar peritos. Entonces, una usurpación que era violenta en el origen del proyecto va a tener la misma pena de una usurpación no violenta si es que es de presidio. (...) Entonces, le estamos diciendo al país, que quien usurpa un terreno de manera violenta -si logramos probar todas estas cosas- va a tener una pena inferior a quien cometa un delito de hurto. Eso es tremendamente grave por las señales que le queremos dar al país, ministra, porque este es un delito grave”, sostuvo.
En su sesión de la mañana, que inició pasada las 11.00 horas, la comisión alcanzó a votar el primer veto aplicado por el Ejecutivo, que elimina legítima defensa privilegiada del texto aprobado por el Congreso, el que fue rechazado por seis votos en contra y cuatro a favor.
La discusión se retomó a partir de las 17.20 horas.
Votación
Veto 1: elimina legítima defensa privilegiada del texto aprobado por el Congreso. Por 4 a favor y 6 en contra, se propone rechazar.
Veto 2: elimina la alusión a tomas transitorias y suprime las tomas con daño del artículo con penas de cárcel más graves. Por 7 a favor y 5 en contra, se aprueba.
Veto 3: adiciona un nuevo artículo primero que plantea que cuando el hecho se realiza sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas. Se aprobó por 7-4.
Veto 4: elimina el numeral 3 del artículo 1 sobre usurpación sin violencia en las personas. Fue rechazada por 7 votos en contra y 4 a favor.
Veto 5: adiciona un numeral nuevo que señala que cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM. Fue visada por 6 votos a favor y 5 en contra.
Veto 7: suprime el marco penal rígido para dejarlo establecido al régimen general. Se aprueba la observación por 6-5.
Veto 8: suprime un numeral sobre detención por flagrancia para llevarla a régimen general, salvo en el caso de las policías. Se rechaza por 6 votos a favor y 6 en contra.
Veto 9: permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente. De esta forma para las detenciones ciudadanas rigen las normas generales (12 horas) y para las policías son permanentes. Se aprueba por 7 votos a favor y 4 en contra.
Veto 11: adiciona la restitución anticipada en cualquier etapa del procedimiento, haya sido o no formalizados los imputados, pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble. Esto no impide la detención por flagrancia. Fue visado por 7 preferencias contra 4 rechazos.
Las observaciones 6, 10, 12, 13 y 14 son formales y de concordancia.
