Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename: los otros países que crearon comisiones de reparación para víctimas de abusos

Uno de los anuncios destacados en la tercera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric fue la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename, que busca que el Estado se haga cargo de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron a cargo del ex Servicio Nacional de Menores (Sename), hoy Servicio de Protección Especializada y Servicio de Reinserción Social Juvenil.

El anuncio llega en medio de una grave crisis del Servicio de Protección de la Infancia que no ha logrado superar los conflictos que tenía el modelo del Sename. Solo en 2020 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas concluyó que Chile es responsable de vulnerar grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en centros de protección administrados por el Sename. Pero hoy la situación no es mejor.

El 1 de octubre del año 2021 entró en funcionamiento el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia -conocido como “Mejor Niñez”-, reemplazando al Sename. Sin embargo, a tres años de la entrada en vigencia del nuevo sistema las residencias que acogen a los casi 4.700 menores vulnerados están con sobrecupo y hay un centenar de niños en lista de espera.

En las residencias también hay graves conflictos por la convivencia de niños con y sin antecedentes policiales. Es por eso que 43 de estos hogares han cerrado.

En el marco de esos conflictos, el 5 de abril la directora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia -”Mejor Niñez”-, Gabriela Muñoz, presentó su renuncia.

El anuncio realizado hoy por el Presidente Gabriel Boric se suma a iniciativas similares impulsadas en Chile y el mundo.

En el país, la más emblemática es la “Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación”, anunciada en 1990 por el Presidente Patricio Aylwin, con el fin de investigar hechos de tortura, desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En el resto del mundo se formaron comisiones similares para buscar justicia a víctimas de violaciones a los DD.HH. y abusos sexuales.

En África, una de las comisiones más reconocidas es la de Sudáfrica, que se creó en 1995 a partir de la abolición del apartheid. La Comisión de la Verdad y Reconciliación proporcionó poderes judiciales y tuvo un amplio alcance investigativo. Según los expertos, no solo tuvo funciones extrajudiciales, sino que incorporó la posibilidad de diseñar un mecanismo penal para amnistiar a los responsables, a la vez que tomó en cuenta la posibilidad de desarrollar esclarecimiento a través de audiencias públicas.

En 2008, Canadá creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer y reconocer una serie de abusos sistemáticos cometidos contra pueblos indígenas durante más de un siglo, especialmente relacionados con internados educativos para niños indígenas, donde los obligaban a cambiar de religión y asimilar prácticas culturales occidentales. Lo anterior basado en abusos físicos y sicológicos.

En su informe, la comisión aseguró que los internados formaron parte de una política sistemática de genocidio cultural de las autoridades del país contra la población indígena para causar su desaparición como entidades legales, sociales, culturales, religiosas y raciales.

A la fecha, la comisión ha logrado que las autoridades reconozcan los crímenes cometidos, como lo hizo en 2009 el primer ministro Justin Trudeau. Aún hoy se siguen descubriendo hechos cometidos contra la población indígena canadiense, como ocurrió en junio de 2021, cuando se encontraron más de 750 tumbas sin identificar en el internado escolar de Marievel, al noroeste de Toronto.

En el caso argentino, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato, tuvo el propósito de esclarecer los hechos de tortura y desaparición forzada presentados durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.

La comisión tomó la iniciativa de presentar distintas recomendaciones a distintos poderes del Estado, con el objetivo de prevenir la no repetición de la violencia. Entre estas, destacó la continuación de las investigaciones por vía judicial, la entrega de asistencia económica y la aprobación de normas legales que declaren la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad.

La información recabada, así como el alto número de testigos presentes en los juicios contra altos miembros de las juntas militares, logró el encarcelamiento de cinco generales.

En 2001, el Presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de Verdad y Reconciliación con el fin de investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú entre 1980 y 1990.

De esta manera, Perú se convirtió en el primer país en Latinoamérica en desarrollar audiencias públicas. Tuvo un componente que permitió abordar la violencia sexual contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional del Pueblo Gitano, el pasado 23 de abril, el Consejo de Ministros de España aprobó un acuerdo que creó una Comisión de Trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano, con el objetivo de realizar un informe, en el plazo de un año, que incluya medidas necesarias para aplicar los principios de verdad, justicia y reparación en relación con la situación histórica de discriminación de la comunidad en el país.

La iniciativa busca el reconocimiento del pueblo gitano como “una minoría étnica” en el Estado español, así como incluir en un plan de educación obligatoria la historia y cultura del pueblo gitano, debido a su desconocimiento en el desarrollo del país europeo.

Irlanda es uno de los países más afectados por las denuncias de abuso sexual de menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica desde 1937 hasta 2004. En informes publicados en la primera década del siglo XXI se registraron alrededor de 14.500 víctimas, la mayoría niños que residían en escuelas industriales y en reformatorios.

Lo anterior llevó a que en 1999 un canal nacional publicara la serie documental State of Fear, que narró los abusos que sufrieron niños entre las décadas de 1930 y 1970 en las instituciones educativas industriales creadas en el siglo XVIII -y administradas por la Iglesia-, cuando Irlanda se separó del Reino Unido y empezó a tener problemas económicos. Un año después se creó la Comisión para la Investigación del Abuso Infantil (CICA), que tenía como propósito determinar el alcance y efectos de estos delitos.

Los resultados se entregaron en 2009 en un informe de 2.500 páginas, que reveló los abusos contra niños y niñas cometidos por sacerdotes, monjas y laicos entre 1937 y 1978 en la Arquidiócesis de Dublín, la más grande del país. A partir de eso pudieron ser identificados 134 abusadores y otros 208 fueron señalados, aunque no se conocieron sus nombres.

En 2012, la entonces primera ministra de Australia, Julia Gillard, creó la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, llamada a investigar casos ocurridos en las últimas décadas en todos los contextos institucionales, como orfanatos, reformatorios, centros deportivos, organizaciones juveniles, las Fuerzas Armadas e iglesias.

La comisión tenía la tarea de hacer recomendaciones para la reparación y la protección de los niños y las niñas en el futuro. En su momento, los investigadores escucharon a cerca de 7.981 sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia y recibieron 1.344 testimonios más por escrito. Tras ese proceso se decidió implementar una estrategia nacional enfocada en la prevención de abusos y se ordenó mantener durante 45 años los registros de abusos sexuales ocurridos en sus dependencias.