Múltiples reacciones generó el anuncio sobre la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename que realizó durante su tercera cuenta pública el Presidente Gabriel Boric. Una nueva instancia que, tal como en otros países, pretende busque alguna recomposición para víctimas de algún hecho persistentemente dañino y que en este caso buscará que el Estado se haga cargo de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron a cargo del ex Servicio Nacional de Menores (Sename), hoy Servicio de Protección Especializada y Servicio de Reinserción Social Juvenil. La idea es poner en marcha esta comisión a fines de este año.
“Los abusos que sufrieron niños y niñas en el Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia, respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin anuncio la creación de la comisión especial para determinar la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación que corresponden para ellos, que contará con el apoyo de Unicef y de la Defensoría de la Niñez”, afirmó el Mandatario el sábado.
Y así, como una forma de dar una respuesta concreta a este requerimiento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, en conjunto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el representante para Chile de Unicef, Paolo Mefalopulos; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y el actua defensor de la Niñez, Anuar Quesille, conformaron una mesa de trabajo preparatoria, la que está encargada de generar las bases técnicas y administrativas para materializar la referida instancia a partir del 10 de diciembre próximo, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En tal sentido, el Ministerio de Justicia adelantó a La Tercera las tareas que deberán realizar los integrantes de esta comisión y que será, principalmente, la calificación de las víctimas en base a hechos, caracterización y temporalidades. Asimismo, llevará a cabo un proceso de investigación que procure el levantamiento de fuentes documentales y estadísticas, con protocolos, herramientas y capacitaciones para la recolección de testimonios individuales de las víctimas.
En ese contexto, este grupo de trabajo ha definido en primera instancia preparar una serie de insumos para el correcto funcionamiento. Entre ellos, un registro desde 1979 a 2021 (años que existió el Sename hasta ser reemplazado) de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el servicio, una proyección inicial de las víctimas que podrían beneficiarse del plan de reparación, un anteproyecto de costos asociados a la instalación de la comisión, y una propuesta de perfil para los integrantes de la misma, nombres que hasta el momento, según conocedores de la instancia, aún no estarían definidos.
Lo que sí está claro es que la mentada comisión desarrollará un informe que identifique la caracterización de los hechos y la calificación inicial de las víctimas; la generación de mecanismos de acompañamiento y seguimiento de las personas que hayan participado durante el proceso de calificación de estas, y las recomendaciones para un plan de reparación, que incluya medidas legislativas, administrativas y presupuestarias, en última fase.
La oficial de Protección Infantil de Unicef, Candy Fabio, valora “el importante avance” de esta comisión y subraya la importancia del trabajo que se irá realizando para que “el Estado garantice la reparación de quien fue vulnerado en sus derechos y el avance en las garantías de no repetición”.
El anuncio de esta comisión aterriza en medio de la grave crisis que hoy padece el Servicio de Protección de la Infancia, el que no ha logrado superar los conflictos que tenía el modelo del Sename: en 2020 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas concluyó que Chile es responsable de vulnerar grave y sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en centros de protección administrados por el Sename.
La propuesta de la Defensoría de la Niñez
Exactamente un año antes del anuncio del Presidente, el Ejecutivo ya venía trabajando con distintas instituciones los primeros lineamientos en torno a la construcción de una propuesta que buscaría que el Estado se hiciera cargo de estos problemas. Y así, por ejemplo, el 31 de mayo de 2023 la Defensoría de la Niñez a cargo de Patricia Muñoz entregó una propuesta al Ministerio de Justicia, la que, según conocedores de la próxima comisión, sí replicará algunos de sus lineamientos.
Y ahí algunas de las definiciones apuntan a la temporalidad de la comisión, la que indican debe tener plazos definidos -no previamente- para entregar un Plan de Reparación.
Asimismo, solicitaron que sea un plan que involucre medidas administrativas, legislativas y presupuestarias respecto a entornos de cuidado estatal e institucional, de memoria histórica, de continuación de procesos de calificación de víctimas, de reparación económica, de salud, revinculación y otras. También la definición de las responsabilidades tanto del Estado como de las entidades privadas que estuvieron involucradas en ese lapso de tiempo.
Por otra parte, se propone que este comité esté compuestos por diez integrantes con una serie de especificaciones: profesionales tanto nacionales como extranjeros, con al menos cinco años de experiencia en las materias que involucran la creación de esta comisión reparatoria. Asimismo, que sea una instancia multidisciplinaria que aborde temas como sistema de protección, cuidado alternativo, privación de libertad y adopciones.
Además, la independencia de los miembros de la comisión, donde ninguna de las personas electas lo hará en representación de alguna institución, y la paridad de género de los integrantes. Los que deberán ser electos a través de la Alta Dirección Pública con la selección final del Presidente de la República.
Asimismo, recomiendan una serie de estructuras intermedias, como subcomisiones especializadas con especialistas externos o una mesa de trabajo con la sociedad civil.
Pero el anuncio desde ya trajo algunas discrepancias del propio defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien apunta a que no hay una referencia a que la comisión no abordará el aspecto eclesiástico.
“Valoramos el anuncio que recoge parte de nuestra recomendación para la conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de víctimas de Sename del gobierno, esto significa un avance en el ámbito de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero sigue siendo insuficiente”, señala. Y agrega: “Es urgente abordar otros contextos y materias de vulneraciones tales como el ámbito eclesiástico, entre otros, lo que instamos a que se realice con prontitud. Así también, desde los estándares internacionales de derechos humanos en materia de reparación es central la participación de las víctimas y sobrevivientes”.