Resguardando cuidadosamente sus posturas, que se demarcaron en cuanto estalló la crisis ambiental de Quintero, las exministras del primer gobierno del Presidente Piñera, Carolina Schmidt y Loreto Silva, quedaron enfrentadas este martes en el Congreso.

La instancia fue la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde acudió Schmidt como titular de Medio Ambiente y la exministra de Obras Públicas, en su actual rol de presidenta de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), la única firma que, hasta ahora, ha recibido cargos como responsable de al menos un evento de intoxicación masiva.

Un trato cordial, en exposiciones sucintas, fue el clima que se mantuvo en la mesa, que no dio margen de contrapuntos entre las expares gubernamentales.

Así, Silva tuvo el primer turno y detalló los procedimientos adoptados luego de los cargos que imputó la superintendencia, entre estos, el sellado temporal de los estanques para impedir liberación de gases al exterior y un plan de limpieza. "Estamos tomando medidas preventivas para contribuir a la emergencia. Los antecedentes respaldan nuestro quehacer de la empresa. Respetamos la institucionalidad y en ese sentido haremos descargos que nos permiten demostrar que no tenemos responsabilidad con los últimos episodios", precisó la presidenta de Enap, añadiendo que la firma está monitoreando gases y material particulado en forma diaria, con dos entidades expertas.

Y sobre posibles conflictos de intereses, apuntó que "como empresa hemos actuado de manera autónoma, siguiendo los lineamientos de la compañía".

A su turno, la ministra Schmidt saludó uno a uno a los invitados y asesores de la firma estatal, antes de reiterar las cinco medidas anunciadas para la zona. Y frente a los cuestionamientos por mantener a la misma empresa que antes hacía las mediciones para las firma, dijo que "cuando un operador ha ganado una licitación hay que respetarlo, ahora pasa al Estado y con el sistema de ajuste y modernización tendremos una integración".

A los cargos que se formularon a Enap no se refirió.

La salida, en tanto, estuvo casi calculada. Ambas conversaron con legisladores y no tuvieron instancia de diálogo, más allá de una despedida estricta y cordial.

Hospital se moviliza

Este martes, unos 50 funcionarios del Hospital de Quintero iniciaron movilizaciones, en el marco de un petitorio en el que exigen que se cubra la brecha de personal, se aumente la resolutividad del recinto y se establezca una asignación especial.

Los funcionarios reclaman que el recinto se ha visto desbordado por la demanda y que las medidas adoptadas son solo paliativas. Al respecto, desde el Ministerio de Salud se informó que se está avanzando en los puntos del petitorio.

Por otro lado, llegó a la zona una misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que está realizando una encuesta para medir el efecto de la contaminación en los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Fernando Martínez, jefe regional del INDH, explicó que se confeccionará un mapa de conflicto socioambiental: "Es preocupante la integridad física y psíquica de la comunidad".