Comisión para la Paz impulsada por Boric no llega a acuerdo por restitución de tierras y extiende nuevamente su plazo

“La problemática que afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos es una de las más complejas, difíciles y prolongadas que enfrenta el país. Ante esto, valen la pena todos los esfuerzos, incluido este tiempo adicional, para recomendar medidas concretas y duraderas según el mandato que rige a esta Comisión”.

Ese fue uno de los principales argumentos que esgrimieron desde la Comisión para la Paz y el Entendimiento -encargada de realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, propiciar un diálogo y entregar soluciones que descompriman la histórica tensión en la Macrozona Sur- para explicar a través de un comunicado las razones de por qué se solicitó prorrogar su funcionamiento hasta el 30 de abril de 2025, a un día de vencer el plazo oficial planificado para este viernes 31 de enero, que a su vez ya era uno extendido, puesto que el mandato original obligaba a entregar la propuesta el 12 de enero.

La decisión, por ahora, supone un revés para uno de los proyectos que el Presidente Gabriel Boric ha promovido personalmente y que fue creada en junio de 2023 tras la firma de los 21 partidos políticos del oficialismo y la oposición.

La determinación se tomó la mañana de este jueves en una sesión que atendieron los ocho comisionados junto al secretario ejecutivo, Víctor Ramos. La Comisión inició la discusión analizando los puntos en los que actualmente existe consenso, como entrega de bonos para las comunidades afectadas y apoyo económico, sumado a los puntos que han generado mayor discrepancias: la fórmula para la restitución de tierras.

Quienes conocen el debate cuentan que la Comisión tiene un catastro de las tierras comprometidas en cuatro regiones. Según datos a los cuales tuvo acceso este medio, en las conversaciones se ha cifrado en 358 mil hectáreas las tierras que deberían ser restituidas, las que incluyen las 320 mil hectáreas que ya cuentan con un certificado de aplicabilidad de la Conadi. El costo se ha calculado en US$ 3.200 millones.

Según quienes conocen de la instancia, fue tras no llegar a acuerdos unánimes -exigidos para entrar en la propuesta- donde se revivió la petición de prórroga que la semana anterior había levantado la senadora Carmen Gloria Aravena (republicanos) junto a Sebastián Naveillán (presidente de la Asociación de Agricultores Malleco) con el propósito de revisar a fondo los acuerdos e integrar a todos los actores relevantes en la discusión. La solicitud fue hecha a Ramos, y a los dos copresidentes, el senador Francisco Huenchumilla y el excanciller Alfredo Moreno.

Aunque ambas solicitudes, hasta aquí, no habían obtenido humo blanco. Es más, los copresidentes habían manifestado su optimismo público sobre el resultado de su trabajo y cumplir con la fecha tope de término. Ramos, por su parte, había reiterado el interés para que la Comisión entregara la propuesta este viernes, incluso si eso necesitara redactar un documento con los acuerdos alcanzados y dejar abierto el tema de la restitución de tierras. Ese era el plan B de La Moneda.

Pero durante la sesión de este jueves la prórroga terminó recibiendo apoyo unánime. Y es que si bien los comisionados reconocieron que la Comisión ha avanzado en el trabajo, les pareció evidente que aún hay diferencias en puntos importantes.

“El aplazamiento de la entrega del informe final al Presidente tiene por objeto dar respuesta a dos solicitudes de comisionados, tanto del comisionado Naveillán como mío, con los argumentos vinculados a algunos acuerdos que todavía no están resueltos. Hay bastante avance, pero hay aspectos que todavía hay que acordar. Y en el caso mío es el hecho que hay que revisar un documento bastante amplio durante todo febrero para poder dar el visto bueno y que sea un documento de uso público”, dijo a La Tercera la comisionada Aravena.

Y defendió: “Es muy riesgoso el solo entregar los acuerdos: hay que revisar el documento completo, diagnóstico incluido y todos los conceptos que aquí se están utilizando, porque lo que queremos prevenir es cualquier conflicto posterior del Estado con organismos internacionales. Principalmente ese es mi objetivo”.

A la par, Naveillán destacó la decisión, ya que “esto demuestra que había temas complejos que era necesario poder seguir buscando estos puntos comunes para poder entregar una propuesta viable para todo el país”.

Ramos, por su parte, defendió la extensión de la Comisión argumentando que están buscando respuestas “sólidas que puedan proyectarse gobierno tras gobierno de manera duradera”, mientras que el senador Huenchumilla expresó que la prórroga tiene fundamento “y lo que nos motiva es buscar un acuerdo”.

Horas antes del comunicado, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, ya había confirmado la extensión de la Comisión argumentando que “debe tener todo el tiempo necesario para arribar a un acuerdo (...) si finalmente la Comisión hace propuestas que sean transversalmente apoyadas, vamos a sentar el primer paso para resolver un tema y un problema que se ha postergado desafortunadamente por mucho tiempo, por décadas, incluso por siglos”.

Dentro del oficialismo se han abierto distintas interrogantes, principalmente porque el nuevo cronograma de la Comisión se cruzará inevitablemente con la discusión electoral, pues ese mismo mes de abril se inscribirán las listas parlamentarias y algunos de los comisionados estarán dedicados a esos fines.

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión mantenía activa una sesión en la que buscaba seguir discutiendo el catastro de tierras y definir las sesiones de trabajo venideras.