Cómo se escribió la carta en que 27 reos de Punta Peuco piden “conmiseración” y los efectos judiciales que podría generar

Tanto en el mundo político como en las organizaciones de derechos humanos, estaba la idea de que llegado el 12 de septiembre, los temas asociados a la conmemoración de los 50 años del golpe militar, la contingencia daría un giro. Que se daba por superado el hito histórico y que se entraba de lleno a otros temas, pero no fue así.

En el mundo militar y político se rumoreó bastante sobre Punta Peuco, en la antesala de la conmemoración. Se esperaba un gesto de parte del gobierno, ya fuera sobre un eventual cierre del penal o readecuarlo para otro tipo de internos. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Lo que sí paso fue que Punta Peuco se apareció en septiembre, pero el 12, y desde una vereda totalmente impensada. El protagonista: el diputado Gonzalo de la Carrera (exrepublicano).

Fue a través de la lectura de una carta que le enviaron 27 oficiales que cumplen condena en Punto Peuco, quienes solicitaron la “conmiseración” del poder político y judicial y reconocieron que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos (DD.HH.)”.

De la Carrera leyó la misiva en el Congreso, donde los firmantes solicitaron que el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública. “Los abajo firmantes, oficiales del Ejército y demás instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, privados de libertad por hechos ocurridos hace 50 años, sentimos el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanado de un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propios de un soldado (...) En el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, dice el documento.

Llaman, además, “a no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”.

La carta está firmada por Enrique Sandoval Arancibia, Daniel Guimpert Corvalán, Hernán Ramírez Hald, Roberto Ampuero Alarcón, Manuel Muñoz Gamboa, Gerardo Aravena Longa, Gerardo Godoy García, René Villarroel Sobarzo, Carlos Tapia Gallegillos, Haroldo Latorres Sánchez, Raúl Quintana Salazar, Manuel Provis Carrasco, Cristoph Villeke Flöel, Reimer Kohlitz Fell, Fernando Rojas Tapia, Ricardo Álvarez Jalabert, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Manuel Carevic Cubillos, Juan Mancilla Díaz, Walther Klug Rivera y Patricio Maraboli Orellana.

Los condenados escribieron: “Venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”. Con ello, los reclusos solicitaron al poder político y judicial “conmiseración” -es decir, que se manifieste compasión o empatía con la condición de quien solicita- “para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles”.

Gonzalo de la Carrera inició estas gestiones con tiempo y de manera muy reservada.

En el entorno del parlamentario cuentan que fue en agosto cuando el diputado acudió hasta Punta Peuco para visitarlos. En esa oportunidad, consignó que existía un ánimo entre los presos de reconocer las violaciones a los derechos humanos.

Fue a partir de esos momentos que comenzó a trabajar en conjunto para redactar una declaración entre los detenidos, especialmente porque ellos sentían que era injusto que se les culpara solamente por obedecer órdenes de sus superiores, en circunstancias que eran jóvenes al momento de acatar.

“Hay arrepentimiento y desconsuelo”, dice el diputado, reafirmando que varios de los presos se sintieron frustrados por cumplir condena por las órdenes recibidas. A partir del primer contacto, el diputado comenzó a trabajar con la abogada Javiera Steger y una mesa de trabajo de los presos, para arribar al texto.

Las comunicaciones entre el parlamentario y algunos de los reos -más la abogada- se hacían desde un teléfono público y en extrema reserva, dado que el resto de la población penal no miraba con buenos ojos estas gestiones. Por ejemplo, ni Miguel Krassnoff -condenado a más de mil años de cárcel por crímenes de lesa humanidad- ni el exmiembro de la DINA Raúl Iturriaga Neumann quisieron firmar la carta.

Otro elemento que se tomó en cuenta fue no mencionar tan directamente a los altos mandos que impartieron las órdenes, dado que muchos de los firmantes no estaban en total acuerdo. De ser así, algunos bajarían su apoyo.

Pese a los resguardos, la divulgación del escrito tuvo fuertes repercusiones en el recinto ubicado en Tiltil. La mayoría se enteró por la prensa y de inmediato el grueso de los reos esbozó de forma enfática que no estaba de acuerdo con ninguno de los puntos incluidos en la misiva.

Otros, en cambio, se mostraron decepcionados, puesto que habrían manifestado sus intenciones de firmar el escrito, pero no se lo permitieron. De acuerdo con quienes conocieron el tenor de la situación, se les dijo que no podían suscribirla porque “perjudicaban el objetivo que tenía la misiva”.

Al respecto, Raúl Meza, abogado que representa a internos de Punta Peuco, indicó: “Respetamos a este grupo de oficiales que hace un acto de reconocimiento de responsabilidad en torno a su mando respecto de subalternos. Pero también tenemos que decir que esta declaración no representa a la mayoría de los internos, por cuanto hay algunos que no pueden reconocer ningún tipo de responsabilidad porque nunca se les ha probado una culpabilidad o participación directa en los hechos”.

“Es un acto de imprudencia inexcusable por parte del señor De la Carrera no haber consultado si esta carta representaba el sentir mayoritario de los internos. Hay muchos que no reconocen responsabilidad”, agregó.

Entre quienes trabajaron la carta dicen que el texto podría tener implicancias legales, para el caso de los presos que tienen causas abiertas. Misma interpretación hacen en el gobierno, donde, incluso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los derechos humanos”.

Cordero agregó que la misiva “deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”.

Se refiere, justamente, a la puerta que abre la declaración de los condenados para eventualmente obtener antecedentes respecto del paradero de las más de mil víctimas de la dictadura. Aunque, como recalcó el secretario de Estado, no se ofrecerá ninguna clase de beneficio a cambio de que entreguen esa información, a pesar de que clamen por “conmiseración”.

“El gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”, dijo Cordero al ser consultado sobre eventuales amnistías o consideraciones especiales.

¿Qué significa aquello? Como explican desde el Ejecutivo y desde tribunales, quienes suscriben la carta pueden entregar los antecedentes que poseen en las causas que tienen abiertas o los ministros correspondientes podrían solicitárselos. Ese sería el único camino, recalcan fuentes conocedoras de los procesos, para que pudiesen optar a atenuantes.

En el caso de causas cerradas, en tanto, se podrían presentar recursos de revisión ante la Corte Suprema, evidenciando que hay antecedentes nuevos que no se tuvieron a la vista y que valdría la pena atender. De todas formas, en este escenario -argumentan las mismas fuentes- las posibilidades de obtener atenuantes son más que bajas, pero sí podrían tener un eventual impacto en lo referente a beneficios de Gendarmería o de libertades condicionales.