Con destino a Venezuela, Colombia o República Dominicana: Tohá anuncia vuelos de expulsión en aviones comerciales y de la FACh

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió este miércoles al plan del gobierno del Presidente Gabriel Boric para concretar vuelos de expulsión de personas extranjeras que se encuentran de manera irregular en el país.

Según detalló la secretaria de Estado, se trata de vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Venezuela y Colombia o República Dominicana, lo que implicó un “aumento” -según dijo- de recursos por $1.400 millones.

“Este año, hace pocas semanas, se acaban de suplementar los recursos para expulsiones en 1.400 millones de pesos. Eso nos va permitir contratar dos vuelos comerciales y tener adicionalmente un vuelo de la FACh, dirigidos en dos casos a Venezuela y en el tercer caso a algún otro país, probablemente República Dominicana o Colombia”, dijo en diálogo con Radio Universo.

Luego complementó que, “adicionalmente a eso, todas las semanas hay personas que se expulsan en vuelos comerciales”.

El martes el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, tras acudir a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, dijo que la cantidad de personas que pueden ser expulsadas en cada vuelo “va a depender de la capacidad del avión”.

“Hay vuelos de la Fuerza Aérea que tienen capacidad para 60 personas, hay vuelos comerciales que tienen capacidad para 120″, detalló.

El lunes La Tercera había dado a conocer que el gobierno proyecta la deportación de 2.600 migrantes en 14 meses y que el Ejecutivo estaba afianzando el plan para concretar los vuelos de expulsiones.

La titular de Interior apuntó este miércoles que se trata de una materia no exenta de dificultades: “El tema es que la legislación internacional exige que por cada persona que se expulsa haya dos personas de la policía que los escolta. Entonces, efectivamente esto tiene costos muy importantes, porque hay que pagar esos pasajes también, y distrae funcionarios”.

Aunque aseguró que “eso no es un obstáculo para expulsar. En todo este tiempo no hemos estado limitados por los recursos ni por los funcionarios, lo que nos limita son los requisitos que son tan complejos”.

Luego ahondó en que “cuando uno expulsa a Venezuela, nosotros tenemos por ley cinco días –antes eran dos- desde que la personas es retenida para ser expulsada y se le expulsa. El problema es que Venezuela nos pedía que le diéramos la lista siete días antes, después logramos que fueran cinco días antes, pero eso es muy difícil, porque tenemos los mismos cinco días para armar el grupo y los tenemos que ir a buscar y a detener a sus casas, entonces no se alcanza a tener la lista los cinco días antes. Esas cosas hay que ir puliéndolas y lograr que Venezuela nos permita entregar la lista dos días antes y no cinco”.

“Cosas de ese tipo, que son puros enredos administrativos menores, hacen mucho más difícil el proceso de expulsión, especialmente con Venezuela”, recalcó.

Consultada acerca de si los vuelos de expulsión se harán públicos como sucedió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la secretaria de Estado respondió que no se efectuará de esa manera, ya que en el Ejecutivo consideran “que no es necesario, (porque) es como un morbo que no ayuda”.

Asimismo, Tohá apuntó al fenómeno migratorio y cómo afecta a la seguridad interna: “En los flujos migratorios, sobre todo cuando son masivos, se meten entre medio personas que vienen con una agenda criminal y en este caso además organizaciones criminales y ante eso no se puede ser ingenuo. En ese caso, no se puede dar un trato solamente con la mirada de la migración, hay que dar un trato con la mirada de la seguridad, la integridad y la protección del país”.

La ministra Tohá se instaló como flanco de críticas de la oposición en las últimas semanas a raíz del tema de seguridad por la ocurrencia de secuestros y el ataque con una granada a una funcionara de Carabineros.

Los diputados de Renovación Nacional (RN) advirtieron que presentarían una acusación constitucional en su contra si no expulsaba antes de fin de año a 12 mil migrantes que están en situación irregular.

La secretaria de Estado ha rechazado lo que calificó como “amenazas”, mientras el Presidente Boric ha elevado el tono hacia la oposición, cuestionado el “ultimátum”. En ese marco, el martes dijo que se le exige a La Moneda en materia de migraciones lo que “no fueron capaces de hacer durante el gobierno anterior (de Piñera)”.

Luego de la declaración, ese sector salió a enfrentar el Mandatario, elevando las tensiones que se han intensificado en los últimos días.