"Ladrones, devuelvan los millones", gritaba un grupo de manifestantes a las afueras del Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, poco antes de que los concejales Laura Giannici (DC), Sandro Puebla (independiente pro PS), Víctor Andaur (PC) y Marcela Varas (PPD) presentaran en el órgano de justicia una solicitud de destitución en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.

La acusación describe en detalle las irregularidades que, según los concejales, han perjudicado el patrimonio de la ciudad y la prestación de servicios municipales, como la renovación de luminarias, la reparación de calles y la mantención de espacios públicos.

Las 32 anomalías detectadas entre el 2010 y 2018 fueron agrupadas en cuatro grandes acusaciones. En primer lugar, a la alcaldesa se le acusa de mantener al municipio en permanente estado de déficit. Luego, de supuestamente haber mentido y ocultado la situación financiera de la casa consistorial, "llegando incluso a la alteración de estados contables", señala el escrito. Este cargo en particular "incluso puede ser constitutivo de responsabilidad penal y civil", afirmó Andrés Silva, abogado Patrocinante y autor de la acusación.

Los otros dos cargos que se le imputan a Reginato refieren a consentir el actuar irregular de subalternos y terceros ajenos a la municipalidad, a través del pago de horas extra, la falta de fiscalización de contratos e irregularidades al interior de la Dirección de Obras, entre otras.

Finalmente, se le acusa de "dejar de ejercer atribuciones y entregárselas a su jefa de gabinete, María Angélica Maldonado, quien por ley no responde de sus actuaciones o decisiones", indica Silva, pues no tiene responsabilidad administrativa.

Silva además recalcó a La Tercera que debido a la priorización del erario municipal en "gastos excesivos en personal, horas extraordinarias y sueldos", la municipalidad "no tiene inversión municipal. En 2018, recibió $25 mil millones por el casino, mientras la inversión pública fue de $1.400 millones", señala Silva.

En paralelo, los ediles presentaron 74 documentos para acreditar la acusación. Entre ellos se encuentra el último informe de la Contraloría -que da cuenta de un déficit de $17.585.250.174 al 31 de diciembre de 2017-, documentación del departamento de control interno del municipio y las cuentas públicas de la alcaldesa.

Con respecto a este punto, la concejala Varas dijo que "la alcaldesa rindió cuentas públicas, en 2015 y 2016, que faltaban a la verdad. Decía que tenía superávit cuando el propio contralor del municipio había sostenido que esa información era errada".

De acoger la solicitud, en los próximos seis u ocho meses, la alcaldesa podría ser citada a declarar. Sin embargo, Reginato se manifestó tranquila respecto a la acusación. "Estoy muy tranquila. Voy a enfrentar (la acusación) con la misma transparencia y caridad que lo he hecho siempre. Esta es una movida politiquera. Como no me pueden sacar por las urnas, me quieren sacar de esta forma. No lo van a conseguir", dijo tajante.

De rechazar la solicitud, los concejales podrían apelar la resolución del TER en el Tribunal Calificador de Elecciones.