Este jueves, el Servicio Nacional de Migraciones informó que se concretó la expulsión de 23 migrantes de nacionalidad colombiana y peruana, a través de un vuelo de la Fuerza Aérea (Fach) que tiene como destino las ciudades de Lima y Bogotá.
En este caso se trató de 23 personas, de la cuales 21 se trataron de expulsiones administrativas y otras dos por orden judicial.
El jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, Cristián Sáez, detalló que “en horas de la tarde, nuevamente despegó un avión de la Fuerza Aérea, transportando a personas expulsadas de nacionalidad colombiana y peruana”.
“Respecto a las expulsiones administrativas, en general, se refieren a personas que tienen infracciones a la Ley 20.000 (de drogas), antecedentes negativos y otras infracciones a la normativa”, aseguró el prefecto Sáez.
En tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sostuvo que esta operación de expulsiones se trató del quinto vuelo de la Fach realizado durante esta administración y el cuarto durante este año.
Thayer detalló que los expulsados “la gran mayoría tiene delitos como robos, robo con intimidación, tráfico de drogas, entre otras. También hay personas expulsadas por ingreso irregular”.
En tanto, desde la cuenta en X (antes Twitter) del Servicio Nacional de Migraciones afirmaron que los deportados mantenían antecedentes por otros delitos como violación, abuso sexual, corrupción de menores y tráfico de drogas.
En esa línea y tras las críticas que se produjeron por la fallida expulsión de personas venezolanas en noviembre, cuando un vuelo no pudo aterrizar en Caracas, Thayer destacó que “el incremento del número de vuelos que ha salido de nuestro país con personas expulsadas da cuenta no solo de una voluntad del gobierno, sino también da cuenta del aumento de las capacidades y del efecto y la eficacia que han tenido los cambios normativos que se han propuesto”.
Según el Servicio Nacional de Migraciones, en lo que va del año se han concretado 309 expulsiones administrativas. “Esto es más que las personas expulsadas en el 2018 (con 302 expulsiones), 2020 (con 202), 2021 (246) y 2022 (31), vale decir, estamos aumentando la capacidad del Estado para expulsar. Esto no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con las capacidades de nuestro Estado para cumplir con el mandato legal establecido”, afirmó Thayer.
En la misma línea, se informó que las expulsiones judiciales que van en el año alcanzan las 575, concretando un total de 884 expulsiones en lo que va del 2023.
