La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Paola Plaza, condenó a oficiales retirados de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y del Estado Mayor General del Ejército, por su responsabilidad en el delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública, al incinerar archivos de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), entre 2000 y 2001.

En el fallo dado a conocer este jueves, la ministra Plaza condenó al otrora general Eduardo Abel Jara Hallad y a la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, accesorias legales de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 21 UTM y las costas, como autores del delito.

Asimismo, el general en retiro Carlos Patricio Chacón Guerrero recibió una condena de 200 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el pago de una multa de 21 UTM y costas, como encubridor del ilícito.

En la resolución, la ministra en visita dio por establecidos los siguientes hechos por los que en su momento el juez Mario Carroza procesó a los exuniformados. El 7 de febrero de 2020, Carroza dictó órdenes de detención en contra de los tres implicados por medio de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI. Cinco días después, accedieron a su libertad previo pago de $500 mil.

La CNI operó desde agosto de 1977 y hasta el año 1990, operó como el organismo heredero de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Al retornar la democracia, archivos de la CNI perecieron en custodia en dependencias de la DINE,

Luego de una serie de infructuosas solicitudes efectuadas por ministros en visita extraordinaria al Estado Mayor General del Ejército, requiriendo antecedentes vinculados a procesos por violaciones a los derechos humanos, a fines del año 2015 y a comienzos de 2016 se ordenó al organismo militar una investigación sumaria administrativa a objeto de establecer el destino de la documentación y su manipulación.

Entre otros datos, se buscaba la carpeta operativa sobre acciones realizadas hacia el Presidente Eduardo Frei Montalva.

El 3 de julio de 2016, la referida investigación sumaria estableció que “durante los años 2000 a 2001, en un día indeterminado, la entonces teniente coronel de Ejército Mercedes del Carmen Rojas Kuschevivch, segunda al mando de la Sección de Archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, por instrucción de su superior, el general de brigada Eduardo Jara Hallad, director de Inteligencia, procedió a revisar en forma aleatoria los antecedentes microfilmados pertenecientes a la CNI que se encontraban en sus dependencias y bajo la custodia del Ejército; hecho lo anterior y cumpliendo tales órdenes, las que no representó, dispuso que el suboficial mayor Luis Zúñiga Celis conjuntamente con el cabo primero Osvaldo Ramírez Lazcano, trasladaron aquellos archivos de la CNI, hasta la Escuela de Inteligencia del Ejército ubicada en la localidad de Nos, donde fueron incinerados sin levantar las actas respectivas que ordenaba la reglamentación vigente, procedimiento que aun siendo irregular se informó debidamente al entonces jefe del Estado Mayor general del Ejército de Chile, Carlos Patricio Chacón Guerrero”.