Por un robo con violencia, que afectó a una mujer conductora de taxi, fue condenado el adolescente que viajaba junto a Camilo Catrillanca cuando integrantes del denominado “Comando Jungla” de Carabineros de Malleco baleó el tractor que ocupaban dando muerte al comunero mapuche.

M.A.P.C. fue condenado como autor del delito consumado de robo con violencia e intimidación por un hecho ocurrido el 13 de febrero de 2019 en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

El adolescente, junto a un tercero, le solicitaron a la taxista que los trasladará hasta el sector rural de Santa Filomena y en el trayecto le ordenaron detener el vehículo, la obligaron a bajar, la lanzaron al suelo y amenazaron con un cuchillo, para apropiarse del vehículo y el celular de la víctima.

A través de un procedimiento abreviado del Tribunal de Garantía se dictó una sentencia condenatoria en contra del adolescente.

El testimonio y otros elementos de prueba fueron elementos para obtener la condena.

El fiscal jefe de Victoria Cesar Schibar explicó que “la investigación cargo de la fiscalía logró demostrar la participación del imputado, reuniendo la cantidad de pruebas contando principalmente con la declaración de la víctima, todos elementos que a juicio del tribunal fueron suficientes, para dictar esta sentencia condenatoria”.

El imputado fue sancionado a 541 días de libertad asistida simple

Cuando tenía 15 años, el 14 de noviembre de 2018, viajaba en el tractor que conducía Camilo Catrillanca por el sector La Laguna, del camino público de Temucuicui en Ercilla, cuando en el marco de un operativo por el robo a profesores de la escuela Santa Rosa, integrantes de una patrulla de Carabineros dispararon por la espalda al comunero que ingresó fallecido al Cesfam de Ercilla. El adolescente resultó ileso y fue detenido por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de la prefectura de Malleco.

Entonces, la Fiscalía de La Araucanía pidió al Servicio Médico Legal una evaluación, conforme al protocolo de Naciones Unidas para la investigación de la tortura y los tratos crueles, con el objetivo de “documentar las consecuencias sicológicas y emocionales” del caso en el menor de edad.

El exsargento Raúl Ávila fue imputado por su responsabilidad como autor de apremios ilegítimos por el uso de fuerza desmedida en contra del adolescente.