Confech acusa a subsecretario de Educación de conflicto de interés

Secretario académico en la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello y director de posgrado en la misma carrera y casa de estudios. Esos son los cargos que tuvo durante 2008 el actual subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en el plantel controlado por el grupo Laureate, el que ahora está siendo investigado por supuesto lucro.

Esta situación motivó que los voceros de la Confech llegaran este miércoles hasta las dependencias del Ministerio de Educación (Mineduc) para entregar una carta en la que solicitan la inhabilitación del subsecretario para participar en la indagatoria que lleva esta cartera a tres planteles controlados por Laureate, debido a supuestas infracciones a la ley que prohíbe el lucro.

La razón sería un supuesto conflicto de interés que tendría el subsecretario. Las otras instituciones investigadas son las universidades de Viña del Mar y de Las Américas.

Rodrigo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Diego Portales, señaló que "nos parece que en función de la confianza y de la necesidad que hoy tiene el sistema educacional chileno, no pueden ser los operadores del lucro los que estén a cargo de la investigación".

Y argumentó que, por dichos motivos, "nosotros queremos exigirle al ministro Gerardo Varela que ponga solución a este asunto y que el subsecretario Raúl Figueroa pueda inhabilitarse de esta investigación y que esto avance lo más pronto posible".

La respuesta por parte del subsecretario no se hizo esperar. Este, en el Congreso, Figueroa reconoció el vínculo con el plantel universitario, pero aseguró no tener ningún conflicto de interés con la U. Andrés Bello ni con el grupo Laureate.

"En 2008, hace prácticamente 10 años, ejercí funciones estrictamente académicas en la Universidad Andrés Bello (...). Esa realidad no me inhabilita para ejercer el cargo que hoy sostengo. Y, por lo tanto, todo sigue tal cual su curso formal. No existe ninguna razón legal ni de ningún otro tipo para que yo me tenga que inhabilitar", argumentó el subsecretario.

Esta apreciación fue compartida por el ministro Varela, quien señaló que "la inhabilidad la impone la ley".