La Conferencia Episcopal (Cech) emitió un comunicado durante esta tarde para referirse a la decisión dada a conocer por el Ministerio Público de revocar el acuerdo de colaboración en casos de abusos sexuales cometidos por clérigos que había firmado la Fiscalía con la Iglesia. 

Esto, en medio de las críticas de distintos sectores al convenio.

"Nuestro único propósito al suscribir este acuerdo fue dar mayores garantías a las personas denunciantes de abuso sexual, especialmente a quienes no desean hacer su relato ante las instancias del Estado, y colaborar para que toda denuncia sea investigada por el Ministerio Público", afirmó la Cech en el escrito.

Por medio del texto, la Conferencia Episcopal agregó que "nunca hemos buscado un trato preferente con este convenio. Nuestro objetivo fue explicitar en un documento formal con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a colaborar más allá de lo que la sola ley estipula".

Durante esta tarde La Tercera había accedido a un borrador que hicieron circular miembros de la Iglesia donde se abordaba la decisión de la Fiscalía respecto al convenio.

La Cech también "lamentó" que "la firma del convenio haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso. No era esa nuestra intención".

En esa línea, aseguran que "comprendemos la razón de Fiscalía Nacional para tomar esta decisión. Dada la nueva situación, ratificamos nuestra voluntad de realizar todo lo necesario para aportar los antecedentes que reciba la Conferencia Episcopal y que ayuden a las instancias del Estado a esclarecer la verdad y hacer justicia".

El viernes pasado, representantes de víctimas de abuso se habían reunido con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott -quien firmó el acuerdo junto al secretario general de la Cech, Fernando Ramos, a quien le manifestaron su molestia por la firma del pacto, acusando "perdida de las confianzas" y exigiendo el fin al protocolo. El Ministerio Público ese día se había comprometido a estudiar la viabilidad del acuerdo.

Desde algunos sectores políticos también habían acusado que el acuerdo podía generar una "traba" para la administración de justicia en casos de abusos. Desde el propio Ministerio Público también habían surgido críticas al convenio.