Congreso aprueba primera prórroga de infraestructura crítica en el norte

Minutos después de las 16.00 horas de este miércoles se dio inició en la sala del Senado para la discusión sobre la prórroga del decreto que establece el control migratorio de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

En el Senado estuvieron por aprobar 39 parlamentarios, dos rechazaron y no hubo abstenciones abstenciones. Los votos por la negativa fueron de las legisladoras Fabiola Campillay y Loreto Carvajal. Mientras que en la Cámara Baja la solicitud fue aprobada por 131 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Esta es la primera renovación que se realiza en el Congreso del decreto de infraestructura crítica, la cual fue aprobada por la Cámara a fines de enero de este año y publicada el 21 de febrero en el Diario Oficial, permitiendo al gobierno el despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte.

En representación de La Moneda se hizo presente en la sesión la ministra de Defensa, Maya Fernández, el jefe de Justicia, Luis Cordero y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Previo al comienzo del debate parlamentario, la titular de Defensa realizó una presentación en la cual explicó que hay cinco puntos fundamentales sobre los cuales se ha llevado a cabo el trabajo realizado por las FF.AA. en la Macrozona Norte para el resguardo de las zonas fronterizas, entre ellos, los puntos control de identidad, el registro e identificación de migrantes irregulares, los puntos de observación y vigilancia diurna y nocturna de militares, patrullajes motorizados y pedestres de militares, además de puntos de control aleatorios en las rutas y procedimientos de incautación.

De esa forma, explicó que en esos puntos se ha desplegado la fuerza, “más específicamente en la región de Arica y Parinacota”, lugar donde gracias a los datos levantados con el jefe de las Áreas Fronterizas, hasta el 2 de mayo “se contuvo el ingreso de 9.649 personas por pasos fronterizos no habilitados”.

En esa línea, Fernández hizo el punto en la importancia de la “coordinación interagencial”, donde hay una coordinación permanente entre los jefes de las Áreas Fronterizas junto a Aduanas, SAG, SII, además de los delegados regionales, gobernadores y alcaldes.

“El tema que han planteado permanentemente (es que) la presencia militar ha sido fundamental, pero no es lo único, sino que aquí se requiere una muy buena coordinación interagencial, una buena coordinación y res lo que han trabajado durante estos meses antes de esa renovación”, expresó.

Asimismo, dijo que el “objetivo se ha cumplido, pero obviamente hay que seguir trabajando, hacemos análisis permanentemente con los jefes de las áreas fronterizas y por eso estamos pidiendo la prórroga, porque creemos que ha apoyado en tener mayor seguridad en nuestro país”.

En cuanto a las intervenciones de los senadores, la parlamentaria por Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI) manifestó que “sería importante flexibilizar la norma del decreto para permitir que las FFAA puedan reconducir, eso va de la mano del trabajo diplomático”.

Además, dijo que “las fronteras se comparten”, criticando que de los ingresos clandestinos por Colchane “Bolivia es al menos 50% responsable”. Y que quien está asumiendo el costo “de esa admiración o temor reverencial a Bolivia son los ciudadanos, partiendo por los ciudadanos de la región que represento, Tarapacá”. Así, anunció su voto a favor de la prórroga.

A su vez, el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya señaló que hay un “problema serio” en la zona en relación a las dotaciones de la policía marítima, pues “tienen que cubrir una extensa zona de litoral con medios que no son suficientes para poder vigilar adecuadamente la costa”. A la vez que se refirió a una serie de “asentamientos ilegales en la costa del lugar”, las que “pueden generar o convertirse en lugares de desembarco de drogas, que probablemente se moverán por el mar”.

En ese sentido, pidió al Ejecutivo abrirse a la posibilidad de ampliar el rango operacional de las FF.AA. “con un refuerzo a la policía marítima, reconociendo lo que está haciendo la Armada para mantener el mayor control dentro de un territorio tan extenso como son las costas de la región de Antofagasta”.

Finalizado el debate parlamentario, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tomó la palabra, señalando que durante el transcurso de este año y hasta el 15 de mayo han ocurrido 3.400 reconducciones exitosas, mientras que 3.700 se han rechazado.

Es decir, hay un 45% de reconducciones exitosas porque “la disminución en la detección de ingreso irregular ha tenido un cambio, que cerca del 55% de los ingresos irregulares son de ciudadanos de nacionalidad boliviana. Por tanto, la reconducción que se realiza a dicho país es exitosa” porque reciben a sus nacionales.

En relación a los diálogos diplomáticos y los ciudadanos venezolanos que estuvieron varados en la frontera buscando retornar a su país, la autoridad señaló que “la posibilidad de que personas que quieren salir voluntariamente del país pudieran contar con un avión enviado desde Venezuela”, es algo que nunca se había dado.

Además, recordó que durante la semana una delegación de la Cancillería fue a Venezuela “para restablecer un diálogo que permita repatriar y también hacer efectivas las expulsiones administrativas”.

Sin embargo, insistió en que eso “requiere acuerdos diplomáticos” y que la gestión diplomática “tuvo un pequeño éxito y esperamos que ese éxito se prolongue en un acuerdo más sustantivo, particularmente con el gobierno venezolano”.

Por otro lado, el subsecretario explicó que en junio se comenzará a instalar un puesto de observación fronteriza en Colchane “para cambiar radicalmente las condiciones en las cuales estaban los funcionarios de las Fuerzas Armadas”.

Finalmente, dijo que “las personas que han ingresado irregularmente a Chile, no se tiene su identidad y no había ninguna iniciativa que permitiera tener como objetivo identificarlos”. Por ello, comunicó que el 30 de mayo se iniciará un proceso de identificación biométrica, y que desde el 15 de junio se espera que “la primera persona que esté en situación irregular en el territorio nacional concurra a su identificación biométrica”.

En esa línea, informó que habrá 70 puntos de identificación biométrica a lo largo de Chile, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones y con la Policía de Investigaciones. “Ningún país puede tolerar tener 150 mil personas de las cuales no conoce nada, no sabe quienes son. Ese es el problema, se está enfrentando”.