La Cámara de Diputados despachó ayer un proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula en 2021 a los alumnos que presentan deudas, en el marco de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.
La iniciativa -presentada en junio pasado por los diputados Camila Rojas (Comunes), Rodrigo González (PPD), Cristina Girardi (PPD), Gonzalo Winter (Convergencia), Camila Vallejo (PC) y Juan Santana (PS)- fue aprobada por 144 votos a favor. Se abstuvo la diputada María José Hoffmann (UDI). Con esto, la norma quedó en condiciones de ser promulgada por el gobierno.
“Es importante que el Presidente (Sebastián) Piñera lo promulgue cuanto antes, ojalá hoy (ayer) o mañana, porque las matrículas están ocurriendo en este momento”, explicó la diputada Camila Rojas, una de las impulsoras de esta iniciativa.
El texto legal establece que los establecimientos educacionales subvencionados, con financiamiento compartido y los particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias, cuyo objetivo sea garantizar la continuidad del proceso educativo.
Cada recinto deberá diseñar un plan de reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para este año escolar 2020 y las reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020, para aquellos apoderados cuya condición económica se ha visto mermada producto de la crisis. De esta forma, los colegios deberán considerar la situación de las familias en tres ámbitos: los que perdieron el trabajo en este periodo, los que debieron acogerse a la ley de protección del empleo, y los sostenedores deberán también reprogramar las deudas a las familias que registraron una rebaja en los ingresos de, al menos, un 30% este año, respecto de 2019. De acuerdo a la ley, si la flexibilidad en el pago de la deuda incluye la reprogramación en cuotas, no se podrán generar intereses ni multas por la mora.
“Este es un gran avance en ayuda para miles de familias que se vieron y se ven afectadas económicamente”, señaló el diputado Santana.
Reacciones
Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares, sostuvo que la medida afecta “no a los grandes establecimientos, sino que a miles de pequeños colegios del país, los que ahora deberán manejar sus finanzas para poder subsistir”. El dirigente detalló que en los establecimientos particulares, la morosidad de los apoderados alcanza un 50%, mientras que en los colegios del sector subvencionado llega a un 70%, quienes deben algunas cuotas o el año completo. “Esto llevará al cierre de muchos colegios”, dijo. Y advirtió que también impactaría en el despido de profesores y en que alumnos deban buscar otros recintos.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, planteó que el proyecto de ley es “correcto”, porque hay “un derecho primario que es el de la educación, que está sobre cualquier otra consideración”. Sobre si la medida podría derivar en el cierre de colegios, Aguilar dijo que “hay una reacción exagerada de los sostenedores”.
En tanto, José Valdivieso, presidente de la Confederación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conapas), explicó que la nueva ley podría afectar a los cerca de 900 establecimientos que todavía mantienen el financiamiento compartido (copago). “Muchos colegios se verán afectados con este proyecto de ley, por cuanto ya han entregado becas y realizado significativos descuentos en las colegiaturas, por cuanto han quedado al límite de sus recursos financieros”, dijo.
Guido Crino, presidente de la Federación de Colegios Particulares, indicó que están “absolutamente de acuerdo con que ninguna familia debe verse privada de continuar en el proyecto educativo que escogieron, esa es una política nuestra”.
