El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por fraude al Fisco contra quienes resulten responsables por el mal uso de recursos financieros entregados por el Ministerio de Educación para subvenciones escolares a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín (CORMU) entre 2017 y 2020.
La municipalidad cuenta con una millonaria deuda por recursos públicos que se encontraban sin sus rendiciones al día o mal ejecutadas durante la anterior administración municipal, en la Unidad de Educación respecto a Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención de Mantenimiento y Subvención General, luego del traspaso de los nueve establecimientos educacionales y una sala cuna municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Gabriela Mistral el 1 de enero de 2020.
En el informe emitido por Contraloría se comprobó que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la mencionada comuna presenta saldos sin acreditar por $10.210.952.780 al 31 de diciembre de 2020, cifra respecto de la cual, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Educación, se verificó que un monto de $6.809.047.827, compuesto por la Subvención Escolar Preferencial, Subvención de Mantenimiento y Subvención General, no cuenta con los comprobantes de ingresos y tampoco se encuentra registrado en los mayores contables ni las cartolas bancarias del área de educación de esa entidad en la citada fecha.
A través de un comunicado, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, señaló que “en marzo de 2022 presenté como alcalde de San Joaquín una querella contra quienes hubiesen resultado responsables de estos hechos irregulares en la subvención escolar ocurridos entre 2017 y 2020, la que ha venido a ser respaldada por el CDE”.
El edil, cuya administración comenzó un año después del periodo investigado, afirmó que “en octubre de 2023 presentamos el último reporte ante la Superintendencia de Educación con los documentos contables que justifican los saldos por subvenciones escolares, sin embargo, estos registros no fueron suficientes para acreditar la totalidad de la millonaria deuda que se nos imputa desde el Fisco”.
Desde la alcaldía aseguraron que “estamos a la espera del informe final de la autoridad que nos indicará el monto consolidado que deberemos pagar al Estado por concepto de deuda más las multas asociadas. Solicitaremos a la Superintendencia de Educación la posibilidad de un convenio de pagos para saldar esta deuda a fin de no afectar a otros programas municipales de nuestra gestión”.
“Advertimos, enfáticamente, que cada peso que desembolsemos por pagar esta morosidad, se los cobraremos judicialmente a los responsables del mal uso de recursos públicos de San Joaquín”, finalizó Labra.
