El Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondió la tarde de este miércoles a las conclusiones vertidas en el informe final de la comisión investigadora del lío de platas, afirmando que los cuestionamientos hacia el rol del organismo en el caso corresponden a “imputaciones infundadas” y acusó que revelan “incomprensión” del trabajo del CDE.
Esto, luego de que la comisión que investigó sobre transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, concluyó que el CDE tuvo un actuar “cuestionable” y “reactivo” en el caso que involucró a la fundación Democracia Viva, a la cual estaban ligados militantes del partido oficialista Revolución Democrática (RD).
En ese sentido, en la comunicación que lleva la firma del presidente del CDE, Raúl Letelier, se indica que “estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas”.
En la misma línea, explican que el organismo interpone querellas contra personas determinadas cuando los antecedentes de la investigación dan cuenta de la comisión de un delito. “O bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables”, añaden.
Ante el cuestionamiento por la presunta lentitud de su accionar el CDE refuta la tesis planteada por la comisión investigadora y afirma que “tan pronto” como tuvieron conocimiento del caso, destinaron un equipo especializado de abogados para que analizaran los casos que se produjeron a nivel nacional.
“Cada semana, nuestro Comité Penal evalúa el avance de las referidas investigaciones y los antecedentes nuevos que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso, concluyendo en aquellos casos en que las investigaciones alcanzan un grado razonable de fundamento deducir las respectivas querellas”, sostiene el CDE.
En su declaración, también detallan que “debe comprenderse que el Ministerio Público puede adoptar diligencias de investigación en un ámbito de reserva y secreto. Es razonable que en investigaciones en las que, además de otros delitos, se investigan conductas de lavado de activos, se ordene su reserva. En la actualidad, parte importante de las referidas investigaciones tienen ese carácter, bien por un tiempo específico, bien por un tiempo máximo de 6 meses en los casos donde se estén investigando delitos enmarcados en la Ley N° 19.913″.
“En esos asuntos y, además, en todos aquellos en que el Ministerio Público no ha remitido justificadamente los antecedentes, el Consejo no tiene conocimiento de parte importante de la investigación penal”, afirma el Consejo de Defensa del Estado.
Es por ello que, “nuestra institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes”.
“En consecuencia, que en el marco de una evaluación política se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal, es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración”, concluye el texto.
