Consejo de Rectores acusa déficit en montos que planteles debieran recibir por gratuidad ante implementación de aranceles regulados

El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) manifestó preocupación por la implementación de aranceles regulados, acusando que con los valores actuales establecidos por la Subsecretaría de Educación Superior, varias de las casas de estudio presentan un déficit significativo en los montos que debieran recibir por la política de gratuidad el 2024.

Las instituciones más afectadas con la entrada en vigencia de los aranceles para aproximadamente el 5% de las carreras son la Universidad Católica, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad de La Serena.

“El Consejo ha manifestado con mucha claridad, y en forma unánime, que es importante, fundamental, resolver el problema del no detrimento en un corto plazo. Resulta esencial que se cumplan aquellos acuerdos que existieron en el inicio del proceso de aranceles regulados y encontrar otros mecanismos que permitan a las instituciones no ver sus ingresos mermados”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo del Cruch, Emilio Rodríguez, en la sesión efectuada en la Universidad Católica del Norte este jueves.

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, expresó que el tema se ha estado analizando este año.

“Para nosotros esta situación de detrimento es particularmente grave, porque significa afectar los presupuestos que están distribuidos con mucha anticipación en proyectos de docencia, de investigación, de becas para estudiantes, de beneficios para la comunidad universitaria, en la calidad de la tarea que realizamos”, afirmó.

Sánchez también planteó que es necesario involucrar al Ministerio de Hacienda. “Es el momento para hacerlo, porque no quisiéramos llegar hacia fin de año o a la discusión del presupuesto del próximo año sin una definición. Los recursos que se van a pedir este año tienen que restituirse y tendremos que ver de dónde salen esos fondos, pero nosotros no podemos restringir los presupuestos que ya teníamos asignados porque esto cambió sobre la marcha. El nuevo detrimento no puede ser un proceso que dure cinco años y que al final del quinto año se balanceen las cuentas, porque vamos a estar 4 años con déficit en distintas carreras”, advirtió.

En tanto, la rectora de la Utem, Marisol Durán, explicó que después de conocer la definición de los aranceles regulados en el Diario Oficial, su universidad “tiene un detrimento importante, porque participan aquí dos carreras, Trabajo Social y Bibliotecología, las cuales tienen una alta tasa de matrícula y de gratuidad, con un 65% y 69% respectivamente”.

“La universidad obtiene el financiamiento principalmente por los recursos que ingresan por gratuidad, lo que significa que en estas carreras en particular tendríamos menores ingresos anuales y totales en los próximos cinco años. Con esos recursos la institución define sus prioridades de acuerdo al plan de desarrollo institucional”, precisó.

Durán indicó que lo que están pidiendo “es que se cumpla lo que habían señalado tanto el subsecretario Eduardo Vargas, como la subsecretaria Verónica Figueroa, en cuanto a que no iba a existir detrimento para las instituciones”.

Los recursos que el Estado transfiere a las universidades adscritas a la gratuidad se calculan multiplicando el número de estudiantes matriculados de los primeros seis deciles por los aranceles regulados. Para establecer esos aranceles, la Ley de Educación Superior establece que la Subsecretaría de Educación debe diseñar una clasificación de carreras en base a costos directos e indirectos, considerando acreditación, ubicación geográfica de planteles, entre otras variables. Para poder definir el arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, el Ministerio de Educación debe desarrollar un proceso de diseño de bases técnicas y cálculo de aranceles que son aprobadas, modificadas u observadas, según lo establece la ley, por la Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles.

El pleno del Cruch espera reunirse a la brevedad posible con la Subsecretaría de Educación Superior para abordar el tema.