“Es sumamente grave”, decía Francisco Leturia el viernes pasado. Eran sus primeras declaraciones como nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, tras su designación oficial. El abogado tuvo que meterse de lleno en el escándalo que había explotado 24 horas antes en el Servicio Electoral, al revelarse la vulneración de datos personales de 15 millones de electores referente a los comicios de las municipales de 2021.
Los consejeros estaban preocupados por esta falla de seguridad pues, a juicio de su presidente, se expuso a los ciudadanos a una “discriminacion, hostigamiento y persecución” al divulgarse si votaron o no en una elección y si además se sabía su militancia política.
Por lo mismo, el lunes se evacuó un oficio al director nacional del Servel, Raúl García, para que dé cuenta detalladamente de siete puntos sobre el episodio de la filtración de datos dado a conocer por la Unidad de Investigación y Datos de La Tercera, el jueves pasado.
“He estado en conversaciones con Andrés Tagle sobre este hecho de suma gravedad. Ellos nos han pedido que ejerzamos todas nuestras facultades legales por un objetivo común, garantizar la transparencia en los procesos electorales futuros”, comentó el presidente del CPLT, Francisco Leturia.
El oficio, al cual tuvo acceso La Tercera, entrega 15 días hábiles al Servel para que informe los antecedentes vinculados al origen de la filtración, qué efectos podría tener para los electores, el número total de ciudadanos afectados, las medidas que adoptarán para evitar que esta base de datos circule libremente y qué planes de seguridad en materia cibernética diseñarán con el objeto de evitar filtraciones en el futuro.
Además, solicita explícitamente “la circunstancia de estar inscritas las bases de datos personales respecto de las cuales Servel es responsable”.
No han sido días fáciles para el Servicio Electoral. De hecho, el presidente de la entidad, Andrés Tagle, reconoció de inmediato a La Tercera que era el hecho más grave de vulneración de datos que habían sufrido en su historia. Y, por ello, habían pedido máxima celeridad para la realización del sumario al interior de la unidad de datos reservados del Servel.
Tagle aseguró, además, que estas bases de datos las venían publicando desde 2012, pero de forma anónima. El objetivo era entregar un aporte al mundo académico, a pesar de que no tenían ninguna obligación legal en la divulgación de estos datos masivos.
“Nos reuniremos en los próximos días para establecer este proceso de acompañamiento que será de mediano y largo plazo, en estas y otra materias, donde habrá que tomar muchas medidas adicionales para asegurar que este tipo de cosas no se repitan”, indicó Leturia.
Revisa acá el oficio que el Consejo para la Transparencia envió al Servicio Electoral:
