Consejo para la Transparencia propone 27 reformas anticorrupción y pro transparencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo

Este lunes el Consejo para la Transparencia (CPLT) propuso 27 reformas anticorrupción y pro transparencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a propósito de los líos de platas entre reparticiones del Estado y organizaciones sin fines de lucro, investigación que inició luego de que se conociera el caso de la fundación Democracia Viva.

El órgano público -encargado de promover la transparencia de la función pública y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información-, entregó un amplio paquete de propuestas que incluyen, entre otras, aplicar obligaciones de transparencia a fundaciones.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, dijo que “enviamos al Presidente de la República y al Congreso Nacional una lista de medidas y reformas pro transparencia y anticorrupción, y que puede resumirse en transparencia para todos”.

Leturia detalló que el órgano ha buscado en diversas instancias promover acciones que apuntan, entre otras cuestiones, a la creación de un sistema integral de transparencia, que asegure el control de todos los órganos del Estado, y que incluye ampliar las obligaciones en este ámbito a instituciones que reciben recursos públicos, como corporaciones, fundaciones, empresas municipales, universidades privadas, que en la actualidad no se mencionan explícitamente en la Ley de Transparencia.

Lo anterior, según Leturia, responde a “la necesidad de tomar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con las fundaciones y un conjunto de casos de irregularidades que han dañado la fe pública, como una oportunidad única que se nos da como país y así promover un pacto nacional para proteger la democracia, haciéndonos cargo de los temas estructurales pendientes, que son básicos de resolver y realmente no vuelvan a pasar. Estas medidas corresponden a un desde, para partir”.

Otra de las propuestas abordadas por el Consejo se asocia a la denominada “transparencia activa”, que refiere a la información que debe estar disponible vía plataformas web de las instituciones públicas. La idea es aumentar los deberes y exigir la publicación de antecedentes que son solicitados permanentemente por la ciudadanía. Por ejemplo, mantener publicados los montos de viáticos y cometidos funcionarios, entre otros detalles de viajes realizados con recursos públicos.

El titular del Consejo apuntó a la necesidad de que se “aborde el tema ahora y como un todo. Para eso, se requiere mirar los forados que tiene el sistema hoy, y resolverlos con acciones concretas en las que existe un acuerdo transversal. La idea es que dejemos atrás este escenario político en que ha faltado voluntad para llevarlas adelante”.

“Nada de lo que está pasando no se había identificado como un problema que podía ocurrir. Y tenemos que reforzar el control ciudadano”, agregó.

1. Transparencia para todos los órganos del Estado. Creación de un sistema general de transparencia con una única autoridad de control, que incluya a órganos con reglas de transparencia especiales, como por ejemplo, el Congreso Nacional o el Poder Judicial.

2. Aplicación de normas de transparencia activa a fundaciones, corporaciones e instituciones privadas que reciban fondos públicos.

3. Ampliación y perfeccionamiento de materias de transparencia activa. Se contempla la publicación de materias que son de interés ciudadano, permitiendo transformar la transparencia activa en la regla y no la excepción.

4. Establecer normas de transparencia sectorial. Esto permite dar publicidad a materias de interés específico de cada sector, por ejemplo, universidades u obras públicas.

5. Perfeccionamiento de reglas de transparencia activa en gobiernos regionales.

6. Rendición de cuentas sobre ejecución de proyectos de diversa naturaleza, tanto a nivel nacional, regional y comunal, incorporando un mecanismo objetivo de verificación.

7. Registro público abierto, transparente y unificado de corporaciones y fundaciones que reciben recursos públicos, a cargo del Ministerio de Hacienda, así como la aplicación del principio de probidad a los trabajadores de corporaciones y fundaciones, empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

8. Publicidad pormenorizada indicando institución y montos, para transferencias realizadas por organismos públicos a instituciones internacionales, con sede en el extranjero o en territorio nacional; transparentar activamente sus fundamentos y rendiciones de cuentas asociadas al uso de dichos recursos.

9. Perfeccionar las normas de transparencia en materia de concesiones y asociaciones público-privadas.

10. Publicación de montos entregados por concepto de viáticos y cometidos funcionarios.

11. Perfeccionamiento de normas de transparencia activa en empresas públicas, incluyendo la nómina de contratos para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, entre otros.

12. Aumento de sanciones establecidas por ley. Incorpora la determinación de sujetos responsables, que incluya expresamente a los infractores , sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad o jefe de servicio.

13. Más transparencia presupuestaria. Incluye la publicación de versiones ciudadanas, más comprensibles de estas materias, entre otras medidas.

14. Obligación legal de utilizar el Portal de Transparencia del Estado.

15. Ley de Archivos, que modernice la legislación de gestión documental y archivos públicos.

16. Corregir en las diversas normativas sectoriales disposiciones que dificultan un acceso efectivo a la información.

1. Perfeccionamiento de normas sobre contratación de parientes y cercanos, reforzando para ello las reglas que eviten el nepotismo. Particularmente, propone prohibir que un funcionario público ejerza simultáneamente labores en corporaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, contratados en cualquier calidad jurídica.

2. Registro público unificado de funcionarios o trabajadores del Estado, con la finalidad de evitar dobles contrataciones o conflictos de interés.

3. Normas de incompatibilidad más rigurosas, aplicables a autoridades y funcionarios del nivel nacional, regional o comunal para poder enfrentar las dobles contrataciones

4. Hacer aplicable el principio de probidad a funcionarios de corporaciones, fundaciones y empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

5. Reforzamiento de las normas sobre traspaso del sector público al privado, y viceversa. Ampliación del ámbito de aplicación de la norma vigente para funcionarios de instituciones fiscalizadoras.

6. Nueva Ley de Lobby. Con reglas obligatorias de transparencia activa y registro público de lobistas y gestores de intereses particulares. Reforzamiento de las sanciones en caso de incumplimiento.

7. Obligación de las autoridades de registrar las audiencias cuando sean ellas quienes tomen la iniciativa de citar a los lobistas o gestores de intereses.

8. Mejorar y ampliar la información de la Declaración de Intereses y Patrimonio, y establecer su publicación como una obligación de transparencia activa, con los resguardos que establece la ley vigente.

9. Obligatoriedad del registro y publicidad de beneficiarios finales, en las contrataciones con el Estado.

10. Hacer aplicable la responsabilidad administrativa respecto de los concejales y consejeros regionales.

11. Pronta implementación de la nueva normativa sobre Estatuto de Protección al Denunciante de actos contra la probidad.