Consejo aprueba achicar la magnitud de los distritos, despacha el umbral electoral de 5% y rechaza rebajar sanciones para acusados constitucionalmente

Este sábado, el Consejo Constitucional tuvo una jornada más de votaciones que comenzó a las nueve de la mañana –y se extendió hasta las 13.30 horas– con la votación de el capítulo Ⅲ sobre representación política y participación para la propuesta de la nueva Constitución. Luego de un receso para almorzar, a las 15.30 horas se dio inicio al pleno del órgano redactor número 17 para discutir capítulo IV sobre Congreso.

Antes de comenzar las votaciones, los consejeros hicieron intervenciones para justificar el voto de las normas. La temática que más se abordó es el cambio en la magnitud de los distritos con el fin de terminar con la fragmentación política y reducir el tamaño de la Cámara.

Uno de los representantes que abrió el debate fue el consejero republicano, Jorge de la Maza, quien indicó que “el aumento de números de escaños parlamentarios ha incidido en una manifiesta ineficiencia de la Cámara”. Desde la vereda del oficialismo, en representación de los pueblos originarios, Alihuén Antileo, tuvo duras palabras y catalogó la propuesta como “regresiva y totalitaria”.

Uno de los temas discutidos trató sobre el cambio en la magnitud de los distritos, específicamente el artículo que establece que “la Cámara de Diputadas y Diputados estará compuesta por miembros electos en distritos plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre dos y seis escaños de acuerdo a un sistema previamente establecido por la ley electoral”.

La Comisión Experta intentó disminuir la magnitud de los distritos, pero debido a la resistencia del oficialismo no lo logró. Ahora que la derecha controla el Consejo, la oposición pudo avanzar en esta línea. Actualmente existen 28 distritos que reparten entre tres y ocho bancas parlamentarias. El pleno del Consejo aprobó que ahora estas zonas electorales sean más pequeñas y solo podrán distribuir entre dos y seis escaños.

La diminución de las zonas electorales para combatir la fragmentación del Congreso es una de las razones por las que los consejeros de derecha promovieron y aprobaron en su mayoría esta enmienda. “Queremos distritos más pequeños donde sean menor el número de diputados que se elijan porque eso permite que haya más cercanía entre la gente”, explicó en julio el consejero Edmundo Eluchans (UDI). Además se busca que no existan parlamentarios electos con muy pocos votos.

En la discusión previa a las votaciones, el consejero Christian Suárez (PS) emplazó a la oposición en torno a esta enmienda: “Ustedes quieren reducir el Congreso porque quieren dominar el Congreso, porque han hecho un cálculo que nosotros no conocemos”.

Esta medida no significa la reducción escaños en el Congreso. Pese a que los consejeros que intervinieron durante esta jornada concentraron sus argumentos en este tema, la norma transitoria que pretende reducir la cantidad de parlamentarios se votará este lunes. De ser aprobada dicha disposición, se impondrá un mandato al Servel para redistritar y achicar la Cámara pasando de los 155 diputados actuales, para dejar solamente 138 escaños.

El umbral electoral del 5% –que ya había sido aprobado por la Comisión Experta– llega a la discusión como otra de las herramientas para combatir la fragmentación en el Congreso. La aprobación de esta norma en el pleno del Consejo establece que solo podrán participar de la repartición de escaños de una elección parlamentaria, los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional.

Esta norma, tiene restricciones para ciertos casos. El primero apunta a que la regla “no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso”. Esto se pensó para que el umbral no sea tan drástico y modifique tan fuertemente el sistema multipartidista chileno. El resto de las excepciones se votarán el lunes en la sección de las disposiciones transitorias.

Por otra parte, fue rechazada con 24 votos en contra y 17 a favor en la votación en particular la enmienda renovada por la izquierda para “asegurar escaños reservados fijos para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”. Lo mismo ocurrió con la enmienda del oficialismo que hablaba sobre una composición paritaria de la sede legislativa.

Asimismo, el Consejo decidió no innovar respecto a las sanciones que tienen las autoridades que fueran acusadas constitucionalmente, manteniendo la destitución del cargo y la no ocupación de cargos públicos por el plazo de cinco años, tal como venía regulado en el anteproyecto.

El texto que había sido despachado de la comisión -promovido por republicanos- proponía que “por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, salvo aquellas que sean de elección popular, por el término de cinco años”.

La iniciativa -que habría permitido a los destituidos participar en comicios de alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados, senadores u otros- fue rechazada por 28 votos a favor, 20 en contra y una abstención, la cual fue ampliamente respaldad por republicanos, pero contó con el rechazo de Gloria Hutt (Evópoli) y Germán Becker (RN), desde Chile Vamos.

Una enmienda apoyada desde republicanos intentó incorporar que “y no podrá desempeñarse en el mismo cargo o en cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República por el término de 5 años”, lo cual también fue rechazado con 25 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones.

Las abstenciones la dieron los consejeros Edmundo Eluchans (UDI) y José González (independiente). Los rechazos provinieron desde los consejeros oficialistas, pero se sumaron desde Chile Vamos Gloria Hutt (Evópoli), María Claudia Jorquera e Ivón Guerra, ambas UDI.

Finalmente también no prosperó la idea de la bancada republicana de incluir al fiscal nacional como las personas que pueden ser acusadas constitucionalmente. Esa norma fue rechazada por el pleno.