El 4 de junio la Fiscalía de Los Lagos presentó ante la justicia una acusación en contra de Hernán Konig Besa y Paula Hormazabal Villar, acusados por el delito de propagación de productos o elementos peligrosos para la salud animal o vegetal, mientras se desempeñaron como ejecutivos en la empresa sanitaria Essal, parte del Grupo Aguas Andinas.

Se trata de la primera investigación por contaminación medioambiental a nivel nacional que apunta a altos cargos de una empresa sanitaria. Konig fue representante legal y gerente general de la empresa entre 2015 y 2019, mientras Hormazábal lo hizo en periodo similar como jefa de procesos de saneamiento a cargo de la operación, supervisión y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de Los Muermos, en la Región de Los Lagos.

Los ejecutivos son acusados de haber hecho operar la planta de aguas servidas "a sabiendas" que su funcionamiento contaminaba el "Estero el Clavito", lo que habría repercutido en la muerte y enfermedad de animales de crianza y domésticos, además de contaminar los pozos de suministro de agua para riego agrícola. En total, se habla de 14 personas afectadas por la eventual contaminación.

"La operación de la planta de tratamiento a cargo de los acusados y en conocimiento de estos, introdujo y propagó al estero bacterias y otros microorganismos, tales como coliformes fecales, provenientes de productos y residuos domiciliarios sólidos vertidos en el cauce (...) todo lo cual causó fragilidad ecosistémica del afluente, ambiente anóxico por generación de ácido sulfurídrico, metano y otros gases derivados de la descomposición orgánica, efectos que se evidencia a casi tres kilómetros aguas abajo del punto de descarga de la planta de tratamiento", indica la acusación presentada por el fiscal adjunto de Maullín y Los Muermos, Jaime Aguayo Sánchez.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó penas de tres años y un día para Konig y Hormazábal. "Es un hito tremendamente importante en materia medioambiental. Es primera vez que la fiscalía ejerce la acción penal y presenta una acusación por delito medioambiental en contra de importantes ejecutivos de una empresa", señaló el fiscal regional, Marco Emilfork.

Defensa: responsabilidad corresponde al Estado

En tanto, el abogado de Essel, Francisco Velozo, indicó que "la acusación presentada por el Ministerio Público es un paso necesario en el procedimiento que establece la ley y abre una nueva etapa en el esclarecimiento de los hechos, que nos permitirá por primera vez presentar nuestra defensa". En este sentido, aseguró que la contaminación "responde a la saturación de las redes de la empresa al tener que hacerse cargo de aguas lluvias que deben ser gestionadas por el Estado, que aún no ha construido las obras que por ley está obligado a ejecutar".

La audiencia de preparación oral se realizará el próximo 4 de julio a las 11.00. A esa instancia, el Ministerio Público llegará con 92 evidencias documentales, 42 testimonios, siete pericias y 14 otros medios de prueba.