Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco para ocupar sus dependencias como recinto asistencial en medio de la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

En relación a este convenio, el pasado 9 de julio se dio a conocer que la Contraloría declaró ilegal uno de los contratos suscritos entre ambas instituciones, debido a una presunta duplicidad de prestaciones por las que se habrían realizado cobros.

Durante la instancia en el Congreso de esta jornada participó el contralor, Jorge Bermúdez, quien detalló las observaciones que se han realizado por parte de su institución al convenio.

En relación a las razones para representar el contrato objetado, sostuvo que “si uno tuviera que resumirla, diría que aparentemente se estarían pagando, en dos contratos, tanto en el de arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones”.

Posteriormente, señaló que “la Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que, en ese contrato, usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato”.

Sobre los otros reparos presentados al documento, Bermúdez agregó que “luego se pone en tela de juicio que no se entregan antecedentes suficientes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones que se detallan luego en ese mismo contrato” y que “en el punto 3 también la Contraloría objeta la cláusula de prórroga automática que se está estableciendo en el propio contrato”.

En relación a los contratos en que sí tomó razón la Contraloría, indicó que “nosotros comparamos las prestaciones que están en ese contrato de prestación de servicio de recinto hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría. Y eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía. Se supone que lo va a aclarar”.

“Por un lado, el contrato dice que el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario, y luego el contrato de prestación de servicio dice que usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantención de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces, la verdad hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo”, añadió.

En este punto, detalló dos observaciones realizadas a las prestaciones específicas: “Una es, que tiene que explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo; en segundo lugar, tiene que explicar por qué se paga este precio por esas prestaciones. Nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más, lo que estamos diciendo es que aclare cómo llegó a estos precios que está pagando para llegar a ese nivel de $1.600 millones”.

En esa misma línea, detalló que “respecto al contrato de arriendo, a lo que se llega es un contrato de un determinado valor por metro cuadrado utilizado. Eso es lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron”.

Posteriormente, Bermúdez se refirió a la fiscalización que han realizado durante los últimos meses en materia de salud: “La verdad es que nosotros como Contraloría, muchos de los contratos de compra que hemos revisado, hemos tenido que tener un criterio más flexible respecto de los precios, porque obviamente en la situación de pandemia muchas cosas que antes costaban un determinado precio subieron muchísimo producto de simplemente oferta y demanda o también producto de especulación. Sin ir más lejos, el precio de los ventiladores mecánicos se multiplicó en un determinado momento y eso hizo que nadie objetara esa contratación por el precio porque se entendía que estábamos en una situación muy crítica”.

Finalmente Bermúdez afirmó que “la verdad es que nosotros no hemos sido insistentes con el Servicio de Salud respecto de esa aclaración, no porque no la tengamos en mente, sino que sencillamente porque hay que entender que están enfocados los esfuerzos en otra cosa en este momento, y no en resolver un tema con la Contraloría. También hemos ido siendo más flexibles con los plazos para poder aclarar la resolución”.