Contraloría abre investigación especial por eventual afectación patrimonial de Corfo tras billonaria transferencia a Hacienda

Tras conocerse las billonarias transferencias de recursos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda -y la serie de cuestionamientos que la situación generó-, Contraloría informó que se dispuso una investigación especial.

Fue a primera hora de este miércoles, según recogió La Tercera, que la contralora Dorothy Pérez tomó la determinación con miras a establecer si los traspasos afectan o no el patrimonio de la agencia estatal.

Con esto se suma un nuevo ingrediente a esta controversia, develada en un reportaje de The Clinic, y que vuelve a poner en aprietos al Ejecutivo, pese que el ministro de Economía, Nicolás Grau, intentó aplacar los cuestionamientos hablando de que se estaba ante una “polémica bastante artificial”.

De hecho, no son pocos los que relevan la determinación adoptada por Pérez, quien resolvió abrir la indagación especial previo -incluso-, a la presentación de cualquier requerimiento y sólo con los antecedentes revelados por la investigación periodística.

El ente fiscalizador, al analizar los antecedentes, estimó que por la gran cantidad de recursos involucrados, existían suficientes méritos para intervenir, una reflexión que contrasta con lo esbozado en el marco de la estrategia comunicacional de La Moneda que apuntó a bajarle el perfil a los hechos.

“Atendidas las facultades fiscalizadoras de esta Entidad de Control, se inició una investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos”, indicaron por escrito desde la entidad contralora ante consultas de este medio.

Junto con ello, desde Contraloría aclararon que la indagatoria abarcará sólo lo referente a las modificaciones presupuestarias que se requerían para formalizar los ahora cuestionados traspasos.

“Mediante decretos dictados por el Ministerio de Hacienda, se efectuaron modificaciones presupuestarias a las partidas del Ministerio de Economía y del Tesoro Público, los que fueron tomados razón por la Contraloría General conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1263 de 1975, en la ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público de dicho año y de acuerdo con el Decreto N° 2341, de 2022, de dicha Cartera de Estado, que regula la materia”, detallaron.

Si bien la determinación de la contralora Pérez se dio a primera hora de este miércoles, previo a la presentación de requerimientos, durante la jornada sí hubo denuncias por parte de abogados particulares.

Entre ellos, el presentado por el presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, quien pidió antecedentes a la entidad en la antesala de una eventual querella por malversación de caudales públicos.

“Cuando está en juego el patrimonio público, no se puede depender de lo que digan ciertos burócratas, sino que se debe actuar apegado a la ley”, manifestó el abogado.

Aseguró, de esta forma, que se debe aclarar si hay o no infracción, pues la millonaria transferencia se habría realizado conforme lo establecido en el artículo 29 bis del decreto ley 1263. Sin embargo, como explica, es esa misma disposición la que impide que esos traspasos se hagan desde servicios o instituciones que tengan algún aporte fiscal.

“El citado artículo señala claramente los requisitos para que se puedan hacer traspasos de fondos y, a nuestro juicios, esos requisitos en este caso puntual no se cumplen para formalizar las transferencias. Por lo mismo, Contraloría se debe pronunciar. No debemos perder el tiempo en comisiones, citaciones, sino derechamente que los organismos actúen a la brevedad”, sostuvo Palamara.