Contraloría abre sumario por compras de cámaras a Carabineros durante gestión de exsubsecretaria Martorell y envía antecedentes a la Fiscalía

Un duro golpe asestó Contraloría a la gestión de la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell quien actualmente integra el comando del candidato presidencial Sebastián Sichel. En una auditoría el ente fiscalizador, encabezado por Jorge Bermúdez, detectó irregularidades en una millonaria licitación para la adquisición de un sistema de cámaras corporales para Carabineros en 2020 y que fue visado por la entonces autoridad del Ministerio del Interior. El caso es indagado actualmente por el fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma tras una denuncia presentada en que se acusaba de irregularidades respecto a la empresa Motorola Solutions Chile quien fue la ganadora y se adjudicó un contrato por casi $400 millones.

Ante los cuestionamientos de la ciudadanía respecto a conductas de Carabineros en medio de procesos de detención tras el estallido social, el Gobierno decidió hacerse de cámaras corporales que debían tener una característica en particular y era que cuando el uniformado la apagara, este adminículo siguiera por al menos 120 segundos registrando lo que estaba ocurriendo. El tema es que la empresa que ganó el concurso sus productos no cumplían con este requisito que fue estipulado en las bases de la licitación y así quedó estipulado en la auditoría.

Tras revisar el proceso, los fiscalizadores determinaron enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte ante hechos que podrían revestir carácter de delito.

En el informe se detalla que la Subsecretaría de Prevención de Delito aceptó 5 ofertas presentadas en la licitación pública sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” y que la adjudicó a Motorola por una suma de $378.896.000. Los auditores cuestionaron que se aceptó su oferta pese a que la firma “ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción establecido (…) esto es con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de 2020″.

En el mencionado informe se reprocha además el que no existe respaldo de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora respecto a las 8 ofertas recibidas y los motivos por lo que sólo dos de ellas pasaron a una segunda etapa.

Al analizar lo ofrecido por Motorola, advierte el ente fiscalizador, “se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘post grabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″. Junto con esto, se concluye, que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridas al momento de la apertura de la oferta”, pese que a la firma no había entregado el total de la documentación por lo que no le correspondía tal puntaje.

Finalmente, sostienen los fiscalizadores, “se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de ‘post recording de 120 segundos’. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”.

En ese sentido, junto con enviar los antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría determinó “instruir un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas”.

Quien solicitó que se fiscalizara esta compra, el diputado DC Gabriel Ascencio, sostuvo que “la señora Martorell se saltó todos los principios rectores de cualquier licitación. Más que asegurar equipamiento para Carabineros, aquí estaban asegurando el negocio de algunos amigos. Son $378 millones asignados a una empresa en contravención de todas las normas de los principios de licitación, incluso las que establecía la propia licitación. Espero en las próximas horas, enviar estos antecedentes a la Fiscalía centro. Entiendo que perfectamente se puede incorporar a una investigación penal con objeto de dejar claramente establecido las responsabilidades de Martorell y del resto de los que participaron en esta licitación trucha”.