"Ganamos", gritaban en los pasillos del Congreso los senadores y diputados de la oposición que recurrieron a la Contraloría para que el organismo se pronunciara sobre los cambios que el ministro de Salud, Emilio Santelices, instruyó -a solo días de asumir en el cargo- al protocolo de aplicación de la objeción de conciencia consagrada en la ley de aborto en tres causales.
Pasadas las 17.30 horas, el organismo contralor emitió un dictamen concluyendo que -tal como lo habían señalado los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría- el protocolo impulsado por el Ejecutivo "no se ajusta a derecho", puesto que, "además de aprobar meras instrucciones operativas, aprueba un instrumento que reviste las características propias de un reglamento, sin cumplir con las formalidades del artículo 35 de la Constitución Política y sin haber sido remitido a esta Contraloría General para su control preventivo de legalidad".
En la práctica, la modificación realizada por la cartera había terminado, entre otras cosas, permitiendo que las instituciones privadas que invocaran la objeción de conciencia pudiesen mantener convenios con el Estado y, por lo tanto, seguir recibiendo financiamiento público.
En ese sentido, el dictamen estableció que, en virtud del derecho a la salud consagrado en la Constitución y el Decreto Fuerza de Ley N° 36, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, solo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina", contradiciendo así la postura del Minsal.
En la resolución, la Contraloría también alude constantemente a que el protocolo original, aprobado por la administración de Michelle Bachelet, tampoco se ajustó a la legalidad.
Con todo, la decisión del organismo contralor volvió a poner en entredicho al titular de Salud, quien hace solo una semana había enfrentado una interpelación ante la Cámara de Diputados por este mismo tema (ver nota secundaria). Desde la oposición, de hecho, las bancadas del PPD y el Frente Amplio pidieron la renuncia de Santelices. El conglomerado, incluso, anunció que estudiará la posibilidad de una acusación constitucional.
En lo inmediato, la mayoría de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría pidieron que el Ejecutivo restablezca "el imperio de la ley", revirtiendo las modificaciones que se aplicaron al protocolo. El titular de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD), anunció, en tanto, que citará a Santelices la próxima semana a la instancia para que dé explicaciones.
Control de daños
La decisión del organismo contralor inmediatamente encendió las alarmas del Ejecutivo. La vocera, Cecilia Pérez, quien se había trasladado a Valparaíso para exponer ante la Comisión de Educación del Senado sobre la conformación del directorio de TVN, tardó varios minutos en salir a enfrentar a la prensa para luego leer una declaración pública sin dejar espacio para preguntas.
"Como gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen", leyó la portavoz de La Moneda.
Las palabras de la secretaría de estado habían sido cuidadosamente coordinadas tanto con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, como con su par del Interior Andrés Chadwick y el proprio Presidente Piñera, quienes monitoreaban el tema desde La Moneda.
En cuanto al fondo de la decisión, la ministra Pérez defendió la posición del Ejecutivo en torno a extender la objeción de conciencia a instituciones públicas y aseguró que La Moneda preparará "a la brevedad" un nuevo reglamento que acoja los reparos de la Contraloría.
En el Ejecutivo reconocían que el dictamen de la Contraloría configuraba un duro revés, sin embargo, apuntaron a que el organismo no solo cuestiona el protocolo actual, sino que también el original. "Esto es clave", dicen en La Moneda, argumentando que "reconoce que el problema de usar el protocolo para regular la materia" vendría del gobierno anterior.
