Contraloría: auditorías a 15 seremías detectan que irregularidades en caso Democracia Viva se repiten en otras fundaciones de todo Chile
Tras un análisis realizado en todas las regiones del país, el contralor Jorge Bermúdez expondrá ante la comisión investigadora sobre transferencias a fundaciones respecto de los principales hallazgos de las pesquisas. Como pudo constatar La Tercera, en la instancia detallará sobre patrones identificados y respecto de las debilidades del sistema.
A prácticamente un mes de dejar el cargo, el contralor Jorge Bermúdez se prepara para dar un golpe que implicará un fuerte remezón para la administración del Presidente Gabriel Boric.
Aquello se materializará este jueves a partir de las 11.00 horas en la Comisión Investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, donde el abogado revelará los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que realizaron millonarios traspasos a fundaciones. Así, dejará en evidencia que hubo una evidente falta de control por parte de las reparticiones.
Y el impacto se avizora certero. De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, las conclusiones a las que arribaron los profesionales dan cuenta de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país. Esto, a pesar que desde el Ejecutivo han materializado una serie de medidas y dictado nuevos protocolos de acción.
En concreto, los fiscalizadores advirtieron que las observaciones detectadas en el caso de Democracia Viva -que fue el detonante de todo el lío de platas-, en general, se replican en todo Chile.
Según fuentes ligadas a las pesquisas, durante la tarde del miércoles 8 fue que La Moneda comenzó a tomar conocimiento de los hallazgos, entre los cuales se evidenció que hubo “excesiva permisividad” con fundaciones que no alcanzaban a cumplir con los requisitos que exige la normativa.
La exposición de Bermúdez
Como pudo recabar este medio, la exposición del contralor se dividirá en tres. En primer punto, detallará debilidades detectadas en el diseño institucional, la baja densidad normativa y sobre las limitadas herramientas para fiscalizar que existen en la actualidad.
En la segunda parte, en tanto, vendrán las explicaciones sobre el grueso de las pesquisas realizadas en las seremías de Vivienda de todo el país y sobre las razones que los llevaron a determinar que las irregularidades detectadas respecto de Democracia Viva, también se replican en fundaciones a lo largo del país.
Para finalizar, Jorge Bermúdez -según comentan conocedores de su intervención, espera explicar sobre mecanismos de identificación presupuestaria y de transferencia de recursos a fundaciones. Esto, con miras a mejorar los protocolos existentes.
¿Cuáles fueron los reparos a Democracia Viva?
Uno de los principales cuestionamientos de Contraloría respecto de Democracia Viva en agosto pasado, fue el criterio y procedimiento que tenía la seremi de Vivienda de Antofagasta para seleccionar a las fundaciones que participarían en el Programa de Asentamientos Precarios. Esto, como se evidenció, iniciaba con el envío de un correo de invitación a fundaciones a presentar iniciativas de mejora de habitabilidad de ciertos campamentos.
Aquello derivó, por ejemplo, que en el caso de esta ONG encabezada por el exRD Daniel Andrade no se aportaran “otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”.
También se advirtió en aquel entonces que la seremi dividía la asignación de proyectos de campamentos colindantes por menos recursos asignados, lo que generaba que no se obligaba a la seremi a enviar dichos convenios a Contraloría.
Por lo mismo, la entidad fiscalizara recomendó que “tanto la Seremi de Vivienda de Antofagasta, como el Serviu de igual región, en coordinación con el nivel central, deberán adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos “.
En este caso, además, se evidenció que la entidad encabezada por la expareja de la diputada Catalina Pérez, tenía funcionarios contratados, pero que desempeñaban labores en la citada seremía.
De esta forma, se espera que este jueves el contralor especifique respecto de cuáles de estas falencias se replicaron en otras zonas del país.
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