La Contraloría General de la República detectó que el Hospital Clínico San Borja Arriarán mantiene graves deficiencias en su infraestructura, salubridad y sistema eléctrico.

En concreto, la investigación -que abarca desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2024- fue solicitada por el senador e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS) y arrojó filtraciones de aguas servidas, deficiencias en el sistema eléctrico sin certificaciones válidas, riesgo permanente de incendio, y negligencias graves en la gestión de mantenimiento hospitalario.

“La Contraloría ha corroborado todas las denuncias que hicimos junto a los médicos de la UTI. Existían filtraciones de aguas hervidas, insalubridad, roedores y condiciones paupérrimas que la autoridad negó sistemáticamente. Hoy exigimos sumarios sanitarios, reparaciones inmediatas y fiscalizaremos que las medidas se cumplan para proteger la salud de los pacientes y funcionarios”, sostuvo el senador Castro.

La doctora Francisca Ríos, jefa del Servicio de Medicina Crítica del hospital en cuestión, aseveró que “desde 2020 se nos aseguró que el sistema eléctrico era seguro, pero el informe de Contraloría demuestra todo lo contrario. Se han expuesto vidas humanas a riesgos graves y urgimos que se implementen, de manera inmediata, todas las correcciones indicadas por la autoridad fiscalizadora”.

El ente contralor, entre otros aspectos, ordenó al recinto “adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se asegure el adecuado registro, trazabilidad y respaldo documental de las labores de mantención y/o reparación, de modo que su gestión se ajuste a los principios de eficiencia, eficacia, control, impulso de oficio".

Entre esas medidas se encuentra la obligación de regularizar las instalaciones eléctricas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en un plazo de 60 días hábiles.

En respuesta, Jorge Wilhelm del Villar, director del Hospital Clínico San Borja Arriarán, aseguró que el establecimiento “ha tomado medidas concretas para garantizar un entorno seguro”, indicando que se han “reforzado los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo”.