El 2 de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 437.703 trabajadores dependientes accedieron al Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos. De ellos, 37.100 son funcionarios públicos que recibieron el beneficio de $ 500 mil que iba en ayuda de las personas que habían percibido una baja de un 30% en sus rentas, durante los últimos meses, en comparación con su sueldo promedio de 2019.

Junto con ese anuncio, el SII dijo que estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyan los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre. Una vez concluido este proceso, se determinarán las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución.

Con este anuncio del SII se abrieron dos escenarios: una investigación penal del Ministerio Público y una auditoría de la Contraloría en el SII. El ente contralor inició un proceso de revisión del organismo tributario, para determinar si la plataforma del servicio estaba bien diseñada para efectuar los pagos y el proceso de entrega del beneficio.

Sin embargo, este miércoles el ente contralor dejó en suspenso el avance de las pesquisas administrativas en los servicios públicos —los sumarios que se iniciaron en cada repartición del Estado para detectar a los trabajadores que accedieron al bono sin tener los requisitos—, luego de contestar una solicitud de pronunciamiento ingresada por las asociaciones de funcionarios de la Salud y de Impuestos Internos.

Sumarios en suspenso

Los gremios miraron con sorpresa lo contestado por Contraloría, pues se abstuvo de emitir un pronunciamiento. Los gremios pedían al ente contralor una opinión legal respecto de las “actuaciones” de Impuestos Internos, dado que consideran que “se habría excedido en sus atribuciones al exigir la devolución del mencionado aporte, no obstante que la plataforma dispuesta al efecto permitió su pago a los afiliados a la organización que representa, lo que implicaría el ejercicio de atribuciones jurisdiccionales de que no está provisto el SII”.

Contraloría respondió, sin embargo, que hay una auditoria en curso por parte del organismo, y que “el SII informó que, por mandato expreso del legislador, la facultad de interpretar los requisitos y conceptos legales de procedencia del 'bono clase media’ corresponde a ese Servicio, incluyendo la prerrogativa de determinar el cumplimiento de los requisitos que lo hacen procedente. Asimismo, informó que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 33 del Código Tributario, mediante Resolución Exenta N° 132 de 2020 instruyó un ‘procedimiento especial y previo’ para aclarar las inconsistencias detectadas en la solicitud del aporte fiscal o para su restitución, para los casos en que se haya obtenido sin cumplir los requisitos legales, procedimiento que se extenderá hasta el 30 de noviembre de esta anualidad”.

El ente contralor, además, señaló en el escrito que “atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, particularmente, que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos hasta la fecha, no resulta posible emitir un pronunciamiento, por ahora. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de efectuar nuevas presentaciones ante esta Entidad de Control para que se revise la interpretación que deberá efectuar el SII, mediante acto administrativo dictado como consecuencia del anotado procedimiento administrativo, determinando el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento del bono clase media respecto de funcionarios en particular”.

El abogado y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Cristóbal Osorio, explica los alcances de este nuevo dictamen: “El dictamen de la Contraloría produce un efecto inmediato en todos los sumarios iniciados. Es claro en indicar que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos que obtuvo el Bono Clase Media. Así, mientras no exista certeza por parte del SII es improcedente sancionar disciplinariamente a los funcionarios. Por otro lado, con la resolución 132 del SII se ha abierto un mecanismo especial y previo de devolución, que impide adoptar medidas disciplinarias, hasta que concluya”.

Esto resulta relevante, debido a que el SII le envió un oficio a cada organismo con las nóminas —un archivo PDF con los RUT de los funcionarios implicados— para que cada institución informe el monto tributable exacto de la remuneración pagada para los meses de julio y agosto a cada uno de los funcionarios identificados en el archivo digital reservado. De hecho, varios organismo ya abrieron sumarios en contra de sus funcionarios involucrados. Por ejemplo, el Poder Judicial, la fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Senado, la PDI, Carabineros, entre varios otros.

Osorio, a su vez, agrega que “claramente el Ministro de Hacienda se apresuró al ordenar sumarios”. En esa misma línea, el experto apuntó la mirada al mal diseño del SII para entregar este bono: “No es razonable, cuando un 1/3 de los funcionario públicos se equivocaron al acceder a un bono, sancionarlos. La reflexión debe ser, por un lado, sobre el diseño de la política pública; y por otro, si es coherente con la ayuda pública de un ‘bono clase media’ dejar sin trabajo o sancionar a funcionarios públicos que justamente conforman dicha clase social. En tiempos excepcionales, se requiere prudencia”.

Conocedores de las conversaciones que han tenido las asociaciones de funcionarios del Estado, Hacienda, Contraloría y el propio SII, señalaron que el alcance de este pronunciamiento da cuenta de que la revisión de la legalidad de la entrega del bono es algo altamente complejo, dado que incluso, implicaría revisar la situación puntual de cada trabajador que recibió el beneficio. Es decir, analizar el caso de cada uno de los 37 mil funcionarios del Estado que habría obtenido el bono de manera irregular.

El presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, explicó que “lo que entendemos nosotros es que abrir sumario no se justifica, porque hay un proceso abierto donde el Servicio tiene que terminar el resultado de su investigación. Es bueno el llamado de alerta de la Contraloría, porque se ponderan los antecedentes y se le quita presión a los trabajadores”.