El fiscal administrativo de la Contraloría, Eduardo Díaz, quien está a cargo del sumario interno que investiga el porqué la institución dejó sin efecto un sumario a Carabineros, en 2010, también detectó una serie de irregularidades distintas a las relacionadas con esta materia. Estas tienen que ver con la omisión de denuncia penal por parte de autoridades de la Contraloría en 2010, sobre hechos de corrupción en el Estado Mayor Conjunto (Emco).
Estos antecedentes fueron enviados esta semana -a través de una denuncia de 15 páginas- al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien indaga en sede penal la anulación este sumario al Departamento III de Carabineros, auditoría que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado el fraude en la policía uniformada que hoy asciende a más de $ 26 mil millones.
De acuerdo a la denuncia, existen "antecedentes relacionados con el Estado Mayor Conjunto". Ahí se detalla que existe un "correo de 1 de julio de 2010 (...) del excontralor Ramiro Mendoza Zúñiga, que solicita a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas) Patricia Arriagada, y a la subjefa de la ex DAA Dorothy Pérez, analizar un mail y fijar una reunión para enfocar el tema, dirigido por Jaime Ravinet de la Fuente, en la época ministro de Defensa, dando cuenta de irregularidades y hechos de corrupción en los procesos de licitación de Emco".
Señala la denuncia que "estas comunicaciones dan cuenta de que las aludidas autoridades tuvieron conocimiento de hechos que revestían caracteres de delitos, sin que con los antecedentes que se cuentan aparezca que cumplieron el deber de denuncia penal que les asistía en cuanto (a ser) funcionarios públicos".
Asimismo, dice el documento del fiscal de la Contraloría, "se adjunta la respuesta de Dorothy Pérez sobre el asunto, que da cuenta que contaba con antecedentes de 'serios problemas de corrupción en Emco', con personas individualizadas, sin que conste la realización de la correspondiente denuncia penal".
El correo de Pérez al que alude el fiscal administrativo es el siguiente: "Jefe: respecto de esa misma unidad de finanzas (del Estado Mayor Conjunto), ayer me llamó una persona (…) para decirme que allí había serios problemas de corrupción y (…) que la jefa de esa unidad realiza todas las acciones (contacta, paga, coordina y cobra su parte)". La jefa de Unidad de Finanzas a la que se refería Pérez es Leticia Martínez, la hermana del actual comandante el jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien resultó sancionada por la Contraloría en 2012 por estos hechos.
En el mismo email, Dorothy Pérez le detalla al excontralor Mendoza que "uno de los -varios- casos sería que esa unidad contrataba y pagaba a una agencia de viajes amiga, para que le intermediara eventos en un conocido hotel de Haití, pero los eventos eran en fecha en que el hotel ya había sido destruido por el terremoto".
A raíz de estos antecedentes, la Contraloría realizó el Informe de Investigación Especial al Emco del 26 de enero de 2011. En este se concluyó, entre otras cosas, que había pasajes abultados e irregularidades en las licitaciones de agencias de viajes. Por estos hechos, se abrió un sumario y un juicio de cuentas en contra de la hermana de Martínez, a quien se le ordenó pagar $ 10,5 millones.
Supuesta falta de medidas
Además, el fiscal administrativo denuncia a Campos que Dorothy Pérez, pese a que tenía conocimiento de que un exfuncionario de la Contraloría Juan Munieres "era cuestionado por su cercanía con oficiales de Carabineros y que no podía continuar realizando procesos de auditorías en Carabineros" no adoptó las medidas "para que Munieres no atendiera denuncias y presentaciones asociadas al proceso de fiscalización en Carabineros".
Munieres fue desvinculado de la institución en 2017, por su eventual omisión de antecedentes relacionados con la defraudación que se indaga en Carabineros.
Respuestas
Respecto de la supuesta omisión de denuncia por actos de corrupción en el Estado Mayor Conjunto, Mendoza dijo que "estos antecedentes terminaron en la Fiscalía Militar de Santiago". Consultado si es que él presentó la denuncia, declinó referirse al tema.
Pérez, por su parte, señaló que "no podía formular una denuncia penal solo en base a un comentario telefónico que recibí, más tres documentos incompletos que me fueron entregados en un sobre, de cuyo análisis solo se notaba una posible irregularidad administrativa. Por eso lo informé de inmediato al contralor y a mi jefa de división, quienes ordenaron auditar la materia".
Sobre el caso de Munieres, dijo que "años antes de que me incorporara a esa división, allí había dudas respecto de la cercanía de Munieres con personeros de las FF.AA. y por ello (...) se le retiraron casos del Ejército, pero yo no recibí denuncias ni instrucciones a su respecto en relación a Carabineros". Pérez agregó que "considerando que (...) el fiscal Díaz ha efectuado imputaciones calumniosas a mi respecto, me reservo todas las acciones legales para perseguir penal y civilmente dicha situación".
