"La decisión adoptada corresponde a un paso necesario dado por la Iglesia y confirmado por ella". Ese es uno de los párrafos del documento que el 11 de octubre de 2018 el obispo Pedro Ossandón, administrador apostólico de Valparaíso, le envió a todos los capellanes católicos de Gendarmería.
En el mismo escrito el prelado, presidente del Área Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, subrayó que esto se ajustaba "a las exigencias que nos hace el Estado".
El tema fue polémico en las filas sacerdotales y sigue generando tensión. A principios del año pasado, el jesuita Luis Roblero, capellán nacional católico, les informó a los 25 capellanes de ese credo (hoy 22), todos contratados como funcionarios públicos, que se cambiaba su sistema de trabajo. Hasta ese momento la fórmula era de 44 horas semanales, divididas en 20 dentro de los penales y 24 fuera de ellos; pero la fórmula mutó a 30 horas en las cárceles y 14 más allá de su perímetro.
Varios capellanes reclamaron airadamente contra la medida e incluso pidieron la renuncia de Roblero. El citado documento del obispo Ossandón, de hecho, era para explicarles a todos que se trataba de una decisión institucional.
Ahora, sin embargo, la discusión trascendió al ámbito religioso, luego de que en septiembre pasado la Contraloría iniciara una auditoría sobre el trabajo de todos los capellanes penitenciarios. Todos.
Consultado por La Tercera, Roblero lo ratificó: "Desde la Subdirección Técnica me pidieron información acerca de nombres de capellanes, grados, funciones y lo que cada uno hace en su unidad penal, producto de que la Contraloría había iniciado un proceso de auditoría. Y como ciudadano y funcionario público, lo que me corresponde es poner todos los antecedentes en manos del órgano contralor (...) Esto me parece bien, ayuda a mejorar procesos y enmendar cosas, si es que así se requiere".
En el lado evangélico la opinión también fue positiva. "Efectivamente, ya nos han solicitado mucha información y vamos a seguir aportando todo lo que se nos requiera", expresó Luis Mussiett, capellán nacional de ese credo, aunque también planteó algunos reparos.
"Nuestro trabajo es espiritual, pero también social. Con los reclusos y su entorno. Y todo eso no se puede hacer siempre al interior de un penal. Muchas de las cosas que gestionamos para adentro se hacen afuera. Las 30 horas de verdad nos complican bastante", reconoció el pastor.
Discusión
La auditoría tuvo su génesis en un oficio que la Cámara de Diputados le envió a Contraloría el 2 de julio de este año, solicitando una investigación sobre la legalidad de los concursos públicos realizados por Gendarmería para llenar siete cupos de planta de capellán de la Iglesia Católica. Aquel documento señalaba que "existiría una grave situación en relación con los capellanes, tanto de cárceles como de instituciones castrenses".
Contraloría dispuso entonces una investigación especial. Sin embargo, adicionalmente, la I Contraloría Regional Metropolitana inició en septiembre pasado una investigación especial para abordar el mismo asunto, pero solo en Gendarmería. Esta auditoría indaga la labor de los capellanes en cuanto a su remuneración, calidad jurídica de contratación y sistema previsional, entre otros puntos laborales.
Gendarmería valoró la iniciativa. "El rol de Contraloría es fiscalizar que todo funcionario público se circunscriba a la ley y los capellanes no son la excepción. Toda observación es positiva y necesaria para una mejor gestión", señaló el director nacional de la institución, Christian Alveal.
Respecto de cómo funciona el sistema, la entidad penitenciaria informó a La Tercera que "existe un capellán nacional evangélico y uno católico, ambos con grado 5 en la Escala Única de Sueldos Contrata. Sus remuneraciones fluctúan entre $ 2.048.931 y $2.571.557 mensuales líquidos". Además, se señaló que a nivel nacional hay 19 capellanes evangélicos. Sus sueldos fluctúan entre $ 432.554 y $ 1.634.971 líquidos mensual.
Respecto de los sacerdotes católicos, "en todo el país existen 23 capellanes, de los cuales 17 están a contrata (…), con salarios líquidos que oscilan entre $ 645.397 y $ 1.739.363". Los otros seis pertenecen a la planta institucional, con sueldos de entre $ 861.784 y $1.901.621 líquidos mensual.
Alveal también destacó que "las capellanías son espacios relevantes y muy necesarios dentro del trabajo penitenciario. No solo cumplen una función espiritual, sino también social, de acompañamiento, en forma individual y con programas concretos que significan un enorme aporte a la reinserción y clima de los penales".
La Tercera contactó a cinco capellanes de Gendarmería para conocer su opinión; sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.
