El informe final 54-2019 de la Contraloría General de la República constató la existencia de irregularidades dentro del Consejo Para la Transparencia (CPLT). Tras varios meses de investigación administrativa, finalmente el organismo evacuó una “auditoría simplificada” que determinó, entre otras anomalías, un mal uso de recursos fiscales por del expresidente del Consejo, Marcelo Drago.

La auditoría del ente contralor abordó antecedentes comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018, así como también denuncias presentadas posteriormente, en enero de 2020. De esta manera, el informe pone énfasis en cómo Marcelo Drago -presidente del CPLT entre 2017 y 2019- habría aprovechado su cargo para utilizar de forma indebida un vehículo fiscal y el chofer institucional para realizar traslados a su domicilio y otros destinos no relacionado con sus funciones. Además, detalla la indagatoria, se advirtió sobre “deficiencias” en las bitácoras del vehículo, las cuales no contenía detalles de los recorridos realizados.

A la Contraloría ingresó, además, el 10 de enero una denuncia por “graves faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, por parte del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez. Además, de tráfico de influencias del consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, y la directora general, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario”, sostiene la denuncia. Asimismo, se daba cuenta de retrasos y la “omisión selectiva” de actas de las sesiones del consejo, máxima instancia del organismo autónomo, cuyo presupuesto anual bordea los $ 7.402 millones. Estos antecedentes también fueron analizados por la institución que dirige el contralor general, Jorge Bermúdez, tras una publicación de Reportajes de La Tercera Domingo.

Sobre este último punto la auditoría detalla que el CPLT subsanó lo ocurrido en torno a las actas.

En medio de la polémica interna generada por las primeras denuncias de faltas a la probidad dentro del CPLT, Marcelo Drago renunció al consejo el 23 de junio pasado, a pocos días antes de la apertura de una investigación interna ordenada el 2 de julio por otros consejeros del organismo.

Cargo en la mira

Junto con las irregularidades detectadas en torno al expresidente del CPLT, la Contraloría detectó otro hecho anómalo: la contratación irregular del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez. Según el organismo fiscalizador, los cuestionamientos surgían ya que “la contratación del señor José Ruiz Yáñez, no se ajustó a lo dispuesto en el citado artículo 17 de los estatutos de funcionamiento del CPLT, en orden a seleccionar al secretario del Consejo Directivo del mismo entre las personas que presten servicios en esa entidad”, detalla el informe.

Asimismo, se dejó constancia de que Ruiz había sido amonestado por escrito tras un sumario realizado por el CPLT por la falta de publicación de 66 actas en el portal de Transparencia Activa. Producto de las irregularidades, Ruiz fue despedido el 30 de junio de 2020.

El objetivo de la auditoría realizada por la Contraloría apuntó, además, a fiscalizar el manejo de los fondos y el control administrativo de los bienes fiscales del CPLT. Así, detalle el informe final del organismo, se detectó que “la información contable sobre los bienes físicos del activo fijo presentaba inconsistencias con el registro administrativo que mantiene la entidad, advirtiéndose que bienes dados de baja por $ 2.086.359, se encuentran incluidos en la contabilidad, en tanto que otros por la suma de $ 10.079.069, no han sido incorporados en ella”.

Para cada una de las irregularidades detectadas, la Contraloría dio al CPLT un plazo de 60 días hábiles para subsanar estos hechos.