La Contraloría de la República de Chile emitió dos informes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras detectar presuntas irregularidades en la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar).
Según detalló el ente contralor, los informes analizaron movimientos financieros entre 2015 y 2021. En el primer documento, que fue emitido el 6 de junio, resaltó que en este se da cuenta de cuatro situaciones anómalas, donde el hecho más grave es la falta de respaldo de préstamos por más de $2.000 millones.
En el informe se lee que en una muestra de 91 casos que tenían un ahorro acumulado de $2.126.661.994 al 1 de enero de 2018, el Departamento de Bienestar de Carabineros no contaba con respaldos históricos digitales o físicos para reconstruir dicho saldo. Esto refleja una falta de acreditación en los montos de los ahorros individuales de cada socio, exponiendo a la entidad al riesgo de reflejar en sus sistemas saldos acumulados erróneos, depósitos o giros no registrados en la cuenta de los funcionarios correspondientes, entre otras anomalías.
Asimismo, Contraloría encontró que en otros 82 casos funcionarios acumularon un total de $511.300.313 y que la institución policial no contaba con la documentación que acreditara la procedencia de sus aportes como ahorros extraordinarios.
Por otro lado, se constataron 156 casos en los que la entidad policial devolvió dineros que los funcionarios mantenían en su cuenta de ahorro mensual obligatorio por un total de $255.645.607. Lo anterior, sin verificar que los socios se hubiesen acogido a retiro o hubiesen renunciado al fondo.
También se hallaron 28 casos por un total de $48.259.415 en que se materializó el desembolso, aun cuando los funcionarios hacían uso de una vivienda fiscal, lo cual resulta improcedente.
Tras ello y a juicio de los auditores de Contraloría, esto expondría a Carabineros “al riesgo de reflejar en sus sistemas saldos acumulados erróneos, depósitos o giros no registrados en la cuenta del socios correspondiente o definitivamente no anotada, entre otras desviaciones de recursos que podrían eventualmente haber acontecido por la falta de control del resguardo de la información administrativa, financiera y contable”.
Segunda investigación
En un segundo informe emitido por la Contraloría, con fecha del 2 de julio de 2024, se analizaron los préstamos otorgados con recursos del Fondo de Ahorro Habitacional por parte del Departamento de Gestión Inmobiliaria de la Dibicar, donde se encontraron 28 cheques girados y cobrados por un total de $1.611.883.284, los que no estaban registrados en la base histórica de préstamos, y sobre los cuales Carabineros no proporcionó antecedentes que sustentaran el desembolso.
Con posterioridad, la institución adjuntó datos que permitieron acreditar el desembolso de 21 cheques, quedando siete documentos por justificar por un monto de $428.073.063.
Junto con ello, se detectaron 26 créditos otorgados, entre 2015 y 2021, que fueron amortizados por los beneficiarios, de forma parcial o total, “entre los $5.198.017 y los $128.436.329; sin embargo, la entidad no contaba con documentos que acreditaran la procedencia de los fondos con los cuales el funcionario amortizó su deuda, como tampoco que esta iniciara acciones tendientes a exigir, de parte de tales personas, los respaldos respectivos”.
Más tarde, la institución aportó antecedentes que permitieron justificar dos casos, quedando 24 por acreditar.
En el informe también se da cuenta de que en el análisis de 101 préstamos históricos no aparecían anotados en la cartera de préstamos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. De esos hay antecedentes pendientes que dieran cuenta de un prepago de la deuda en 22 casos, por el monto de $633.749.136.
Igualmente, advirtieron de incumplimiento en los requisitos establecidos para el otorgamiento de préstamos. Para la investigación en estos casos, se le dio un un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe final y mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, a la institución uniformada.
Por ambos informes, la Contraloría de la República pidió a Carabineros de Chile iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en las irregularidades detectadas tras las auditorías.
