Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) reveló diversas irregularidades en el uso de recursos por parte de una decena de municipios en la Región Metropolitana y Los Lagos entre 2019 y 2022, en el marco de proyectos adjudicados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente a través del Fondo de Reciclaje.

El Fondo de Reciclaje tiene como objetivo promover el conocimiento técnico tanto en el ámbito municipal como entre los recicladores para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, recolección selectiva, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización de residuos. Además, financia proyectos de infraestructura destinados a estos fines.

La auditoría tenía la finalidad de verificar si la Subsecretaría del Medio Ambiente había establecido medidas de control adecuadas para la selección de municipios beneficiados y el manejo de los recursos transferidos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de los ejecutores, la rendición oportuna de gastos, y los procesos de revisión y aprobación correspondientes.

El informe del organismo fiscalizador detectó que la Seremi de Medio Ambiente de Los Lagos “no posee medios de verificación” para acreditar la realización de proyectos en los municipios de Ancud, Quinchao, Quellón, Quemchi, Dalcahue y Castro.

La Contraloría concluyó en su documento de 140 páginas que la institución dependiente del Ministerio de Medio Ambiente “no realizó gestiones sistemáticas para obtener la oportuna presentación de informes técnicos mensuales y de rendición de gastos”. Por lo mismo, instruyó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, remitiendo un informe al ente fiscalizador en un plazo de 15 días, así como también un reporte sobre las acciones adoptadas en un plazo de 60 días hábiles.

En la Región Metropolitana, se constató que la Seremi del Medio Ambiente no cuenta con los medios para verificar la ejecución de las actividades de los proyectos adjudicados, especialmente en las municipalidades de Puente Alto y El Monte.

Además, no se solicitó la restitución de fondos a la Municipalidad de Maipú, observados en el proyecto “Maipú Fortalece su red de reciclaje inclusiva junto a los recicladores y recicladoras de base”. En este caso, se mantienen rendiciones sin pertinencia técnica por montos de hasta $ 13.658.650 de un total transferido de $ 14.500.000, lo que representa un apartamiento del debido resguardo de los recursos públicos.

En la Municipalidad de Peñalolén se determinó que el jefe de Educación Ambiental y Programas para la Sustentabilidad debió abstenerse de evaluar una propuesta adjudicada a un familiar suyo por un monto de $ 1.309.000. La Contraloría dio a la entidad un plazo de 60 días hábiles para adoptar las medidas necesarias.

Por otra parte, en Los Lagos se detectó que las maquinarias adquiridas por los municipios de Quinchao, Castro y Quellón, en el marco del mismo fondo en 2019 y 2020, no estaban siendo utilizadas y permanecían almacenadas en bodegas u otros recintos municipales. Se ha responsabilizado a los municipios a informar y acreditar la ubicación final y puesta en marcha de estas máquinas compactadoras en un plazo de 60 días hábiles.