Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, la Dirección Regional de Vialidad (DRV) de La Araucanía realizó trabajos de mantención en 50,4 kilómetros de caminos en la región. Las faenas estaban dentro de un programa especial de conservación de caminos para comunidades indígenas. Sin embargo, la Contraloría General detectó que no todos esos recursos se utilizaron para los fines correctos.
El informe de auditoría reveló que para conservar esos caminos se emplearon $ 1.027.318.120 en vías que estaban fuera de los territorios de pueblos originarios. La entidad concluyó que esta irregularidad se debe a "la falta de verificación de la calidad de tierras indígenas de los predios donde se emplazaban las vías".
Otro de los hallazgos fue la errónea evaluación y adjudicación de cuatro licitaciones que hizo la DRV, ya que el organismo contralor estableció que "las ofertas técnicas de algunos oferentes no cumplían con los requisitos al informar una cantidad de mano de obra calificada inferior a lo exigido".
Además del monto objetado, Contraloría constató que se usó $ 723.542.123 en contratos de obras que "no fueron ejecutadas, se efectuaron parcialmente, o en algunos donde no es posible determinar su grado de avance, dado que no existe la documentación que acredite el cumplimiento efectivo de los trabajos".
Finalmente, la institución advirtió que la DRV "pagó por obras que fueron duplicadas y no ejecutadas, por $ 10.367.834.
Contrato entre cuñados y hermanos
Sobre ese listado de hallazgos, la Contraloría identificó faltas a la probidad. El protagonista de estas irregularidades es el exseremi de Obras Públicas, Luis Roa, quien "no se abstuvo de firmar una resolución exenta que adjudicaba el contrato con la empresa contratista, Justo Schweitzer, donde trabajaba su cuñado, contraviniendo el principio de probidad administrativa".
Además, la inspectora fiscal, Carla Sierra, "realizó la inspección de contratos adjudicados a la constructora IM Ltda, donde trabajó su hermano", señala la entidad.
Por todo ello, la Contraloría realizará un reparo por los más de mil millones de pesos mal utilizados y, a la vez, pedirá a la DRV devolver o acreditar el correcto pago de los montos de las obras duplicadas o no ejecutadas. Eso, además de abrir un sumario administrativo para "determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios en irregularidades relacionadas con seguros no ingresados, seguros ingresados por montos inferiores a los exigidos, boletas de garantías no ingresadas, garantías ingresadas fuera de plazo y boletas con vigencia inferior a lo requerido".