Esta mañana la Contraloría General de la República ingresó a la Cámara de Diputados su reporte de gestión 2017 y 2018, además de los principales resultados del año pasado.
Dentro de este contexto, el organismo fiscalizador informó que durante 2017 objetó $ 644.439.185.821, los que estuvieron relacionados a gastos improcedentes o sin respaldo, deficiencias asociadas al manejo de fondos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, falencias en el proceso de adquisiciones y falencias ligadas al cumplimiento de contratos.
La Contraloría hizo, además, un desglose de los principales resultados de auditorías y otras indagatorias realizadas durante el año pasado en diversos servicios públicos y algunos privados estatales. En ese sentido, se informó, por ejemplo, que en el área municipal objetaron $ 24.883 millones relativos a incumplimiento en los contratos de concesiones de aseo (ausencia de cobro de multas, modificaciones a contratos de servicios sin contar con documentación, pagos en exceso por la duplicidad en el cálculo del reajuste por IPC, entre otros).
En esta misma área se indicó que también se presentaron reparos por concepto de pago irregular de remuneraciones por $ 1.177 millones. Además, de $ 220.848.904 por gastos improcedentes en celebraciones, eventos, premios y regalos.
En el ámbito de la educación se detectaron por parte de la Contraloría gastos improcedentes en la Subsecretaría de Educación por $ 875.428.954, que tenían relación con el SEP, Gratuidad en la Educación Superior y con MECESUP. También se presentaron reparos por $ 17.326.835.176 en la Superintendencia de Educación Escolar por "obligaciones previsionales impagas e inexistencia de rendiciones de cuentas por parte de los sostenedores".
En el sector Interior se entregaron detalles respecto a fiscalizaciones realizadas en las policías y en Onemi. Por ejemplo, se detallan gastos improcedentes en Carabineros por $325.230.766, "asociados a pagos por servicios no prestados y reliquidación de pensiones de retiro y montepíos". También informaron que se detectaron $ 300 millones "por servicios de mantención y reparación del parque vehicular institucional, cuyo servicio no se pudo acreditar que haya sido prestado".
La PDI también presentó reparos respecto a gastos improcedentes por $ 6.560.050.008 ligados a "beneficios remuneratorios improcedentes y pagos por asignación de casas sin cumplir requisitos".
Otra de las áreas que también fueron analizadas fue la de Defensa. Aquí se informó que detectaron 650 inmuebles pertenecientes al Ejército que no estaban registrados de forma contable "y terrenos que se encuentran sin uso, sin que hayan sido devueltos al Ministerio de Bienes Nacionales". Además, de $ 660 millones "por pagos de traslados, viáticos, asignaciones por pasantías que no son propias del quehacer institucional".
En el caso de la Fach la Contraloría presentó reparos respecto a la contratación de servicios de telefonía por USD 170.828,09 "sin convenio marco, licitación pública o trato directo". También un duplicado de facturas por un monto total de USD 52.323,61.
En Capredena se encontraron diferencias por un monto de $18.764.063.961 "entre los reportes del Sistemas de Préstamos, y los saldos de deuda por cobrar expuestos en la contabilidad".
De las indagatorias al Sename -en el área de Justicia- el órgano fiscalizador indicó que se evidenciaron "casos sin consulta psiquiátrica por un lapso de hasta 4 meses. Falta de vigilancia en el uso de fármacos. Falta de documentación que permita verificar que personal contratado haya cumplido con los requisitos exigidos. Existencia de 1.324 menores en listas de espera para ingresar a los programas de protección".
En el SML en tanto los principales hallazgos fueron "cuerpos de fallecidos no reclamados, sin número de protocolo asociado y sin detalle en catastro, lo que no permite solicitar la inhumación respectiva". Además de que habían personas fallecidas "en cámaras de conservación cuya antigüedad supera los tres años, sin que se materializaran las gestiones para proceder a la inhumación".
De este total de fiscalizaciones, la Contraloría detalló que se dispusieron de 488 acciones derivadas, las que consistieron en 95 reparos por un total de $ 7.004.151.387; 94 solicitudes de reintegro por un total de $7.380.724.568; 72 solicitudes de acreditación de gastos por un total de $11.309.212.221; además de 129 procedimientos disciplinarios instruidos por el servicio; también 69 procedimientos disciplinarios instruidos por CGR; y finalmente 29 remisiones y/o denuncias a otras entidades.
