La Contraloría General de la República emitió un dictamen, el 15 de junio recién pasado, donde se aclara que no se ajusta a derecho el reembolso de los viajes de los funcionarios públicos en vehículos ligados a las plataformas –como Uber y Cabify-, debido a que estos no son parte de los registros del Ministerio de Transportes.
El ente de control realizó la aclaración luego de sucesivas consultas sobre si se pueden usar las aplicaciones para fines laborales, lo que implica que el traslado debe ser pagado por las reparticiones. Al respecto, el dictamen señala: "al no estar reguladas por el Ministerio de Transportes, no procede que se reembolse los gastos en que incurran".
La entidad informó en el mismo documento que sí se considera legal que los funcionarios fiscales reserven alojamientos a través de la plataforma que contacta hoteles con clientes, Airnb. "Ese tipo de gastos se encuentra cubierto por el viático, el cual no está sujeto a rendición", finaliza.
