La mañana de este jueves el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen traspaso de dineros del Estado a fundaciones. De esa forma, la Contraloría General de la República (CGR) instruyó a todas las divisiones regionales acatar la medida.
“La Contraloría tomó la decisión de suspender la tramitación de aquellos (convenios) que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios”, dijo el contralor Bermúdez en un punto de prensa.
La instrucción se da luego que se destapara el caso Democracia Viva, situación que mantiene al Ministerio Público indagando supuestos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
El caso se enmarca en convenios firmados por un total $426 millones entre el Serviu de Antofagasta, liderado en ese entonces por Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- y la fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD).
A pocos días que abriera la investigación, el ente persecutor puso el radar en otra ONG similar: Urbanismo Social. Según los antecedentes que se conocen, entre octubre y diciembre de 2022 la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social, por un total de $577 millones.
Bajo ese escenario, Bermúdez aclaró que la medida anunciada “es respecto de aquellos actos que se tramitan en la Contraloría, aquello que no se tramita por la Contraloría no podemos ordenar esa suspensión”.
El contralor, además, dijo que no podía referirse al tiempo estimado para el congelamiento de los contratos, “porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, estamos analizando los antecedentes, esa es la situación”.
Asimismo, precisó que “lo que se hizo acá es paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si corresponde, tomar razón”.
Además, señaló que la medida tomada “no es una cosa que tenga que ver con algo puntual” del caso democracia Viva, puesto que, según indicó, “el Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas”.
“Esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.
