El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, propuso a la Municipalidad de Viña del Mar aplicar medidas disciplinarias en contra de 37 funcionarios, tras consignar irregularidades en la programación, gestión y autorización del pago de horas extraordinarias, durante 2014 y 2015, al interior de la entidad edilicia.
Entre los trabajadores cuestionados se encuentran Pablo Staig, director (s) de administración y finanzas, por "no haber ejercido las adecuadas medidas de control jerárquico"; Mario Araya, exdirector de concesiones, por asignar horas extra "por cantidades de tiempo que resulten físicamente imposibles de realizar"; y Paulina Vidal, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
El sumario sugiere, en la mayoría de los casos, la sanción de "censura", es decir, dejar constancia del incumplimiento en la hoja de vida del funcionario. En otros, plantea la "suspensión del empleo, de treinta días", con goce de un 50%, 60% o 70% de las remuneraciones mensuales, dependiendo del caso.
La auditoría, publicada inicialmente en 2017, intentó ser impugnada, por varios de los trabajadores, no obstante, los recursos de apelación fueron desestimados.
El informe fue publicado por la Contraloría General de la República el 9 de julio del presente año, estipulando un plazo de 10 días hábiles, "contados desde la fecha de recepción de la presente resolución", para que la Municipalidad informe "lo que resuelva en definitiva en relación con las medidas disciplinarias que se proponen como resultado del presente sumario".
La resolución además será presentada como antecedente en el Tribunal Electoral Regional (TER), donde prosigue la solicitud de destitución en contra de la alcaldesa, Virgina Reginato.
Andrés Silva, abogado patrocinante del recurso, dijo a La Tercera que las sanciones propuestas por la Contraloría "acreditan los pagos millonarios de manera irregular de horas extraordinarias que es una de las causales que hemos presentado al tribunal electoral".
