La Contraloría General de la República rechazó el nombramiento de la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Soledad Velásquez, por conflictos de interés, a raíz de lo cual deberá abandonar el cargo.
"Luego de revisar exhaustivamente los antecedentes, hemos representado (rechazado) el nombramiento de la Directora del ISP por conflictos de intereses", explicaron desde la institución.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en declaraciones recogidas por Cooperativa, señaló al respecto que "nosotros acatamos lo que dice la Contraloría. Esa es una resolución que sacó la Contraloría el día de ayer, por tanto, se tendrá que nombrar a una persona que queda como subrogante y tomar las medidas que correspondan".
A la vez, agregó que esta fue electa mediante un concurso de "Alta Dirección Pública que tiene un proceso que es legítimo y de esa manera fue nombrada ella".
Velásquez, se encontraba cuestionada por parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, quienes habían señalado que su cargo tenía como labor la de fiscalizar a laboratorios y farmacias, empresas que habían sido empleadores de ella.
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Las razones de Contraloría
La Contraloría decidió abstenerse de la toma de razón del decreto que nombraba a Velásquez como jefa del ISP por la relación que tiene con empresas farmacéuticas. Según el organismo, Velásquez se desempeñó desde 2014 hasta el momento de asumir sus funciones en cargos de gerencia de dos empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de productos farmacéuticos.
El ente contralor también reparó que Velásquez ejerciera como lobista representando al holding Sofocar, matriz de Farmacias Cruz Verde. De hecho según información de la plataforma de lobby, la ahora exdirectora registra 32 audiencias como gestora de intereses de las cuales 27 fueron como representante del laboratorio Roche.
Ante estos antecedentes, el organismo determinó que la exautoridad se vería afectada por conflictos de intereses incompatibles con el principio de probidad administrativa. La resolución de Contraloría señala que en este caso se contraponen el interés público que apunta al rol de fiscalizadora de los medicamentos, farmacias y laboratorios, y el interés privado de las personas para las cuales Velásquez se ha desempeñado en altos cargos de confianza representando sus intereses. De haber tomado razón, el organismo advierte que no habría podido intervenir y cumplir correctamente su rol de directora del ISP.
