Un equipo de 50 funcionarios de Contraloría está abocado -entre otras tareas- en aclarar si es que existen irregularidades en los contratos que sellaron las empresas que prestan servicios como residencias sanitarias con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio de Salud.
Desde el 15 de junio que el ente contralor lleva adelante esta investigación, que si bien tiene alcance nacional, el foco principal está en la Región Metropolitana. De las 151 residencias sanitarias en el país, casi el 80% está en Santiago.
En la investigación de Contraloría ya cuentan con todos los contratos celebrados entre las residencias sanitarias y Redes Asistenciales. Por lo mismo, están en proceso de revisión de estos documentos, como también de los precios de los proveedores, presupuestos destinados y ejecución en terreno, así como también determinar si existen algunos eventuales conflictos de interés.
Esta indagatoria administrativa es parte del plan integral de Contraloría para fiscalizar las medidas que se han tomado para enfrentar el coronavirus y tiene su origen el 15 de junio, tras la publicación del portal web Interferencia, donde se denunció la existencia de un contrato entre Hotel Clínico SPA y Redes Asistenciales, para usar este establecimiento como residencia sanitaria. Según la publicación, el lugar estaría vinculado a Orlando Durán Ponce, entonces director de la División de Atención Primaria del Minsal, y quien hoy está fuera del servicio.
El subsecretario Arturo Zúñiga denunció el hecho ante el Ministerio Público e indicó que pondría a disposición de la fiscalía todos los antecedentes. Hoy esta indagatoria está en manos del persecutor Centro Norte Marcelo Carrasco, quien agrupó la denuncia del subsecretario Zúñiga a la que hicieron llegar cuatro parlamentarios. Con esto se creó una causa única, bajo el delito de negociación incompatible, donde ya se han decretado pesquisas.
El fin de semana, la Brigada Anticorrupción de la PDI acudió a las oficinas de Redes Asistenciales. Desde allí se extrajeron algunos documentos que decían relación con los contratos celebrados entre la subsecretaría y las empresas, entre otras cosas.
El ministro de Salud, Enrique Paris, ha seguido de cerca el caso. El 17 de junio, a las 15.30 horas, sostuvo una reunión con el contralor Jorge Bermúdez para hablar de la disposición del Minsal a colaborar y a disponer los antecedentes necesarios.
El martes, en entrevista con Radio Futuro, Paris sostuvo que “vamos a entregar todos los antecedentes, y si se comprueban irregularidades tienen que ser sancionadas. Eso es obvio”.
En paralelo, la Contraloría ha comenzado a ejecutar una serie de acciones para fiscalizar la acción del Estado en la pandemia, centrándose en áreas estratégicas para enfrentar el avance del Covid-19.
El diputado Andrés Celis (RN), denunciante en la causa, dijo que “necesitamos que la gente confíe en que las decisiones que toma el ministerio son pensando en lo mejor para ellos”.
