A solicitud del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Concepción revisó hoy las medidas cautelares de los formalizados en la arista lencería del Caso Convenios.
En concreto, se trata del arresto domiciliario total y arraigo nacional en que se encuentran Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández; y Simón Acuña Medina.
El Ministerio Público imputó el 29 de noviembre a Polizzi y a los hermanos Polanco por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Martínez, exadministrador del Gobierno Regional (Gore) de Biobío, y Acuña, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, son acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.
Pese a que la fiscal Marcela Cartagena pedía que se decretara prisión preventiva para los cinco imputados, la Corte confirmó la cautelar bajo la cual se encuentran por considerar que era “suficiente, razonable y proporcional”.
El caso
La fiscalía indaga la relación entre la excandidata y el Gore del Biobío. A fines de 2022, la modelo habría recibido por asignación directa $250 millones mediante la Fundación En Ti. Se presume que la exaspirante al municipio penquista “arrendó” esa entidad para obtener recursos desde la repartición regional para proyectos cuya ejecución están en entredicho.
Según la fiscalía, a mediados de 2022 Polizzi acudió al Gore con su Fundación Conce Solidario para postular a los fondos concursables para fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, se le señaló que no contaba con el tiempo de antigüedad que se requería. En la fundación Conce Solidario, la presidenta era la madre de Polizzi, mientras que la imputada figuraba como secretaria.
Acuña y Martínez le sugirieron que buscara una fundación que sí tuviera la antigüedad y volviera a presentar su proyecto. Fue ahí cuando también se les recomendó utilizar una Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) para “tercerizar actividades a ejecutar de la fundación”. Luego de eso, dieron con la Fundación en Ti, que funcionaba desde 2017 y que se dedicaba a realizar actividades para niños. Se habría acordado el pago de $10 millones.
En la audiencia de formalización, la fiscalía acusó que Polizzi habría falsificado firmas de Gerardo Silva, presidente de la Fundación en Ti, para finalmente obtener los fondos concursables del Gobierno regional. También sostuvo que Camila Polizzi abrió una serie de cuentas corrientes para lavar dinero. La fiscal de Anticorrupción, José María Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad, afirmó que realizaron un “excesivo” uso de dinero en efectivo con ese fin.
Al justificar los gastos se presentaron boletas por compras de ropa interior, además de prendas adquiridas en prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación también pasó a ser conocida como el caso Lencería.
