Cooper se transformaría en el cuarto fiscal regional que enfrente una solicitud de remoción en la Suprema en cinco años: ninguna prosperó

A más tardar el lunes.

Esa es el plazo que se autoimpuso un grupo de diputados oficialistas, encabezados por el Partido Comunista, para presentar la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien se encuentra dirigiendo una investigación contra la diputada PC Karol Cariola. “Lo tendremos a más tardar en 48 horas, lo vamos a ingresar el lunes probablemente, a más tardar, a la Corte Suprema y esperamos que el Poder Judicial aquilate aquellos elementos con los cuales configuramos la causal de remoción en forma sólida”, señaló este martes la diputada Carmen Hertz (PC) desde el Congreso.

El anuncio, que Hertz ya esbozaba en redes sociales durante el fin de semana, se da en el marco de la última publicación de chats entre la diputada Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, ambas militantes del PC, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias. En esas conversaciones, las dirigentas comunistas efectuaron duras críticas al gobierno. El cuestionamiento de la colectividad estuvo centrado en la relevancia de las mismas para la investigación penal.

Pero las críticas de los parlamentarios de izquierda ya venían desde el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones el 3 de marzo, el mismo día en que la diputada dio a luz a su primer hijo.

La remoción de un fiscal regional está amparado en el artículo 89 de la Constitución, donde se señala que “el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”. Esos 10 diputados que se requieren ya estarían convocados.

A esta intención se sumó otra, ahora de la diputada independiente Consuelo Veloso, quien señaló que evaluaba buscar otros nueve diputados para remover al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Más temprano del anuncio realizado por Hertz, el fiscal nacional, Ángel Valencia, exponía que las filtraciones se producían debido a “un problema estructural”. “Ese problema estructural es que la ley nos obliga a entregarle copias de la investigación, a partir de ciertos momentos, a cualquier persona que se haga parte del caso. Copias íntegras de la investigación”, dijo en radio ADN.

Con todo, al interior de la Fiscalía Nacional el ambiente era “tranquilo”, señalan fuentes de este diario. Desde la fiscalía de Coquimbo señalaron que no se referirían a un anuncio que aún no se concreta y, de ser así, la defensa el fiscal la “hará en tribunales”.

Una vez que la solicitud de remoción sea ingresada, Cooper se transformará en el cuarto fiscal regional que enfrente ese escenario en la Corte Suprema. En 2020, fue el caso del, por esos años, fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien vivió días complejos luego de que el entonces fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, le imputara una serie de hechos. El exfiscal regional Jorge Abbott lo suspendió de sus funciones y abrió un sumario que quedó en manos del fiscal regional de Antofagasta Alberto Ayala. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó remoción por 11 votos contra 3.

En 2023, fue la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien fue sometida a duras críticas por su manejo en el caso del niño Tomás Bravo. En una primera instancia, la Suprema declaró inadmisible la presentación, pero luego sí la acogió. Sin embargo, los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud. “La prueba rendida no permite demostrar una conducta manifiestamente negligente de la requerida”, fue parte de los argumentos.

Por último, en 2024 un grupo de parlamentario de derecha buscaron remover al fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, por acusando “falta de imparcialidad” en las causas del estallido social del 2019. Fue rechazada por unanimidad.

La académica de derecho administrativo de la Universidad de los Andes Rosa Fernanda Gómez explica que, en el escrito que presenten los parlamentarios, deben estar especificadas la causal que están invocando y los medios de prueba que van a presentar.

Una vez recibido, la norma contempla un debido procedimiento que incluye que el fiscal podrá presentar sus pruebas. La remoción deberá ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros. “Es un procedimiento reforzado puesto que es un cargo de superior jerarquía que la de fiscal adjunto dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público. De ahí que tenga un procedimiento especial, causales más restrictivas y también mayores exigencias en cuanto a dar o no lugar a la remoción”, dice Gómez.