“Democracia Viva es un acto de corrupción” y “es un patrón común”: Cordero apunta a “laxitud” del sistema tras auditorías a seremías
El ministro de Justicia abordó las conclusiones de los informes de Contraloría ad portas de que el contralor Jorge Bermúdez exponga en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que está encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió este jueves a los resultados de las auditorías que Contraloría realizó a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que efectuaron millonarios traspasos a entidades privadas sin fines de lucro. Esto a partir del caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta -ligado a Revolución Democrática (RD)-, que fue el detonante de todo el lío de platas.
El secretario de Estado abordó las conclusiones de los informes ad portas de que el contralor de la República, Jorge Bermúdez, exponga en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda (Minvu). La presentación del abogado ante los parlamentarios está programada para las 11.00 horas de hoy.
De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, las conclusiones a las que arribaron los profesionales a cargo de las auditorías dan cuenta de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país. Esto, a pesar que desde el Ejecutivo han materializado una serie de medidas y dictado nuevos protocolos de acción.
“Para decirlo en términos concretos, lo que hay es que esos informes de auditoría lo que demuestran es que lo que se encontró en Antofagasta, desde el punto de vista de la función de cómo se asignaban esos recursos, está relativamente distribuido en todo el país”, confirmó Cordero en entrevista con Radio Duna.
De acuerdo al titular de Justica, “eso es resultado de la laxitud de un marco deliberadamente laxo, que el ministro (Carlos) Montes (de Vivienda) ya ha explicado, que no viene de esta administración, sino que deliberadamente laxo en cómo se diseñó el programa de asentamientos, y que, por lo tanto, permite que las mismas debilidades, como son asignaciones discrecionales, rápidas, personas que además son contratadas con fondos de esas asignaciones, pero que finalmente se desempeñan en la misma seremía, es un patrón común que está en todos los últimos dos o tres años”.
“Si ese es un mecanismo para defraudar, esa es otra cosa”, apuntó el ministro, quien agregó que “parte de los problemas que tenemos en el debate público es el exceso de simplificación, (porque) una es la laxitud y otros son los actos de corrupción. El caso de Democracia Viva es un acto de corrupción, y un acto de corrupción es decir que aprovecha la laxitud del sistema de asignación para generar mecanismos de asignación de recursos entre aquellas personas con conflicto de interés o las condiciones de fraude al fisco”.
Por otra parte, el secretario de Estado destacó que “lo otro que los informes de auditoría demuestran” es que “después de que se produjo este problema, con todos los ajustes que ha realizado el Ministerio de Vivienda, han existido avances”.
Exposición de Bermúdez en la CEI
La exposición del contralor, según pudo recabar este medio, se dividirá en tres partes. En primer punto, detallará debilidades detectadas en el diseño institucional, la baja densidad normativa y sobre las limitadas herramientas para fiscalizar que existen en la actualidad.
En la segunda parte, en tanto, vendrán las explicaciones sobre el grueso de las pesquisas realizadas en las seremías de Vivienda de todo el país y sobre las razones que los llevaron a determinar que las irregularidades detectadas respecto de Democracia Viva, también se replican en fundaciones a lo largo del país.
Para finalizar, Jorge Bermúdez -según comentan conocedores de su intervención, espera explicar sobre mecanismos de identificación presupuestaria y de transferencia de recursos a fundaciones. Esto, con miras a mejorar los protocolos existentes.
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