Cordero y situación en San Antonio: “La Corte entiende que no es un desalojo que se pueda desarrollar de inmediato”

En una entrevista en radio Agricultura emitida este domingo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la situación en San Antonio, ante el inminente desalojo de la toma en que viven cerca de 11 mil personas.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, está dialogando con los propietarios del terreno y con los habitantes de la toma para evitar la intervención de la fuerza pública para el despeje del terreno que se debe concretar el 27 de febrero por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La solución planteada es la compra por medio de la conformación de cooperativas a las que se han asociado casi 2000 familias.

“Es la mayor toma del país. Son 4.000 familias, más de 10.000 personas. Pero esto viene de un criterio que ha fijado la Corte Suprema, yo diría que los 3-4 últimos años. En Chile las usurpaciones de terreno violentas, o pacíficas, pero las usurpaciones en el fondo, habitualmente eran resueltas o por vía civil o por vía penal. Tomaban demasiado tiempo hasta que en un momento determinado la Corte Suprema decidió ocupar una acción de tutela de derechos, que es expedita, que es el recurso de protección y empezó a decidir entonces que esas tomas de terreno debían ser objeto de desalojo. Y en esas sentencias empezó a establecer criterios para los desalojos”, explicó Cordero.

La autoridad señaló que hay varios desalojos que ya se han ejecutado en el tiempo y en general en esos el máximo tribunal “ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo, a Carabineros, para efectos de desarrollar el desalojo con ciertos estándares”.

“Lo que pasa es que con San Antonio hay una particularidad y es su magnitud. O sea, muchas de estas sentencias ya se han ejecutado por parte de Carabineros, los municipios y el Ministerio de Vivienda, pero las escalas de esos desalojos han sido bien acotadas. Hay un protocolo, por eso habitualmente se hace un levantamiento de quiénes están en esos lugares, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores existen, porque respecto a ellos existen protocolos de quiénes se mueven primero, dónde se destinan, etcétera. Pero la toma de San Antonio es una toma que por su magnitud no es de aquella que uno pueda intervenir pura y simplemente. Al ser 10.000 personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso”, indicó.

En esa línea, el subsecretario recordó que el tribunal porteño dispuso en su resolución que el desalojo “debe ser de un modo razonable y programado. Es decir, la Corte entiende que no es un desalojo que se pueda desarrollar de inmediato”.

“Se ha estado buscando una solución, una solución que tiene que combinar tres cosas. La primera es que no puede legitimar la toma como un acto ilícito. La segunda es satisfacer los derechos de los dueños. Y la tercera es dar una solución de política pública a las personas que no tienen techo, en el fondo. Entonces, es una combinación bien compleja”, apuntó.

Cordero insistió en que “uno no puede legitimar un acto como una toma” y dijo que se deben ponderar por un lado los derechos de las personas a acceder a una vivienda y por otro el derecho de los propietarios.

“Y hay un cuarto factor diría yo, que es que en las sentencias judiciales uno tiene que garantizar su cumplimiento”, afirmó el exministro de Justicia.