Corte de Antofagasta mantiene arresto domiciliario de concejala Paz Fuica, pese a recurso de la Fiscalía

Este lunes la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la decisión adoptada el 4 de marzo por el Juzgado de Garantía de la misma ciudad, el que cambió la medida cautelar en contra de la exfuncionaria de la Seremi de Vivienda, Paz Fuica. La ahora suspendida militante de Revolución Democrática (RD) estuvo en prisión preventiva desde enero tras ser formalizada por fraude al Fisco por su presunta participación en el denominado caso “líos de platas”.

En esa ocasión, el tribunal de primera instancia dejó sin efecto la presión preventiva de la también concejala por la comuna de Antofagasta, modificándola por la de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La decisión generó que el Ministerio Público recurriera ante el tribunal de alzada para que se revirtiera dicha resolución, recurso que finalmente fue rechazado por la Corte, confirmando las medidas decretadas a comienzos de mes en contra de la exfuncionaria investigada por los convenios de la repartición regional con la Fundación Democracia Viva.

La decisión del tribunal de alzada se da luego de que la defensa de Fuica -representada por los abogados Jorge Mayne y Rodrigo Lazo- también presentara una apelación, pero solicitando que las medidas cautelares en su contra se rebajaran a firma mensual y arraigo nacional. Requerimiento que también fue descartado durante la misma audiencia.

Antes del fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar ingresó un recurso de apelación en el cual sostenía que el tribunal durante la audiencia del pasado 4 de marzo cambió la medida cautelar al considerar que esta era “desproporcionada”, considerando la situación del resto de los implicados en la misma investigación, es decir, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y el director de Democracia Viva, Daniel Andrade, a quienes también se les modificó la medida cautelar por arresto domiciliario.

El Ministerio Público apuntó a que en esa ocasión “no se introdujo al debate reproche respecto de la existencia de nuevos antecedentes relacionados con la necesidad de cautela”. Además de eso, agregó que cuando el tribunal resolvió “no proporciona los motivos fundadamente que hacen variar su situación procesal particular, no siendo suficiente para su mutación invocar el principio de proporcionalidad o coherencia”, considerando la situación judicial del resto de los imputados. Junto con eso, agregó que no existían nuevos antecedentes para modificar las cautelares de la también psicóloga.

Sin embargo, este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta en su fallo fundamenta su decisión considerando que la concejala “no tiene condenas previas y que prestó declaración permitiendo acceso a medios de comunicación privados, y más allá de que lo alegue o no la defensa, permiten vislumbrar dos eventuales atenuantes, lo que sumado al hecho que siendo la participación imputada accesoria a la de aquellos que ya se encuentran en libertad, la medida que pesaba sobre la misma pasa a ser desproporcionada”.

A juicio del tribunal de alzada, es precisamente aquello lo que justifica la decisión del juez Juan Pablo Torres, quien modificó a arresto domiciliario total la medida cautelar en contra de la concejala. “Compartiendo también esta Corte que atendida la gravedad del hecho y las características del mismo se justifica la cautelar decretada por el tribunal de garantía”, concluye el fallo.

La Fiscalía Regional de Antofagasta investiga a la suspendida militante de RD por su participación en presuntos delitos de fraude al Fisco mientras se desempeñaba como funcionaria de la Seremi. Según el Ministerio Público, Fuica -cercana a Contreras y Andrade- “intervino directa y deliberadamente” en el Programa de Asentamientos Precarios, teniendo un rol en la elección de las fundaciones que se adjudicaría los millonarios convenios.

A juicio de la Fiscalía, Fuica y Contreras se concertaron con Andrade para llevar a cabo los tres convenios entre Democracia Viva y la Secretaría Regional por $ 426 millones. Eso, pese a que la organización encabezada por la expareja de la diputada Catalina Pérez no cumplía con los requisitos mínimos para adjudicarse dichos recursos.

Hechos que llevan a los exmilitantes de la colectividad oficialista a estar en el foco de la Fiscalía, quien indaga desde junio del año pasado una serie de convenios alcanzados por reparticiones del Estado con instituciones sin fines de lucro, como es el caso de Democracia Viva.