Este viernes, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó el ingreso a prisión preventiva de dos carabineros acusados por los delitos de extorsión, cohecho y amenazas condicionales, hechos ocurridos en enero del año pasado en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

La Tercera Sala -integrada por María Carolina Catepillán Lobos, María Teresa Díaz Zamora y Carlos Farías Pino- revocó el fallo del Juzgado de Garantía de Melipilla, que no consideró la medida cautelar más gravosa y decretó cárcel para los sujetos identificados como A.D.P.B (teniente) y C.A.P.F (cabo primero) por considerar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fallo del tribunal de alzada establece que “los antecedentes invocados por la defensa no alcanzan para desvirtuar, en este estadio procesal, la existencia de los presupuestos establecidos en las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal”.

“Asimismo, esta Corte estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 140 ya mencionado. En efecto, se tiene presente el cargo que ostentaban al momento de la comisión de los ilícitos, la forma de comisión y el bien jurídico protegido, todo lo cual torna en insuficientes las restantes medidas cautelares previstas por el legislador a los efectos normados en el inciso segundo del artículo 139 del referido cuerpo legal”, agrega la resolución.

En tanto, se resolvió que “se revoca la resolución apelada dictada en la audiencia de seis de marzo de dos mil veinticinco, por el Juzgado de Garantía de Melipilla que denegó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y se declara que los imputados (...) quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”.

Carabineros extorsionaban conductores

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se remontan al 5 de enero de 2024, cuando un hombre de nacionalidad boliviana, identificado como F.D.G conducía un furgón de transporte de pasajeros. Al llegar a la esquina de Fleck y Hurtado, fue fiscalizado por los imputados, A.D.P.B y C.A.P.F.

En la instancia -indica el fallo- procedieron a revisar las pertenencias del conductor y le sustrajeron $1.200.000 en efectivo. Producto de esto, no lo detuvieron pese a que no portaba licencia de conducir profesional. Asimismo, se señala que el uniformado de menor rango amenazó a la víctima con detenerlo si reclamaba.

El 8 de enero repitieron el hecho con la misma víctima al interior de un estacionamiento privado, robándole $40.000 por no llevárselo detenido.

El mismo día, los acusados procedieron a realizar otro control vehicular en Camino Viejo con calle Ortúzar, donde fiscalizaron al conductor de nacionalidad boliviana (R.Z.A) que conducía un minibús. En ese contexto le informaron de una situación judicial pendiente, que motivaría su detención por 21 días.

Al momento de conducirlo al carro policial, el teniente A.D.P.B preguntó a R.Z.A si podía hacer algo para evitar el procedimiento y este ofreció $300.000, lo que fue rechazado por los policías, acordando el pago posterior de $1.500.000, suma que no se pagó de una vez: $950.000 fueron a buscarlos al domicilio del boliviano, y de vuelta en el lugar de la fiscalización se entregaron otros $50.000.

Para cobrar los $500.000 restantes, A.D.P.B y C.A.P.F, solicitaron un número de teléfono, pero el extorsionado dio el de su pareja, quien el 12 de enero recibió una llamada del teniente con la finalidad de obtener el saldo, amenazándola con proceder a la detención de R.Z.A. si es que no se realizaba el pago.